Condenados tres furtivos que facilitaban la caza ilegal de arruís en Murcia

El Juzgado de lo Penal de Plasencia (Cáceres) ha condenado a distintas penas a los integrantes de una banda de furtivos, que ofrecían la caza ilegal de cabras montesas, osos, lobos y arruís en diversas provincias, entre ellas Murcia, y que fueron detenidos por la Guardia Civil en el año 2007 en el marco de la denominada 'Operación Chupete'.

Tres de los miembros de la banda, vecinos de Candeleda (Ávila), se sentaron en septiembre de 2014 en el banquillo de los acusados.

Junto a ellos, otros tres hombres procedentes de Málaga que participaron como clientes en una cacería ilegal organizada en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en la provincia de Cáceres, para cobrar de manera clandestina varios machos de cabra montés.

Según informó este jueves Ecologistas en Acción, que se ha personado como acusación popular, el Juzgado de lo Penal ha condenado a nueve meses de prisión y multa de 3.000 euros a uno de los integrantes de la banda y seis meses de prisión y multa idéntica al resto.

La sentencia también los inhabilita para portar armas o para realizar actividades de caza por un tiempo de tres años y nueve meses.

Por su parte, la titular del Juzgado de lo Penal ha condenado a los tres clientes procedentes de Málaga por los mismos hechos de caza furtiva, con las agravantes de precio y partida ilegal de caza, a una multa de 3.600 euros y a la inhabilitación para el ejercicio de la caza de tres años y nueve meses.

De igual forma, los condenados tendrán que indemnizar a la Junta de Extremadura por la cantidad del precio de las piezas que alcanza la cifra de 43.222 euros, más intereses.

Asimismo, y a petición de Ecologistas en Acción, la sentencia determina la incautación de todos los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, como el arma y sus complementos, radios, móviles, vehículos, restos de especies protegidas y 3.000 euros en metálico que les fueron retirados durante las detenciones y posteriores registros.

La práctica criminal consistía en acercar a los clientes y facilitarles el arma de precisión con silenciador y mira telescópica en el momento de la localización de las piezas y hacerles llegar los restos naturalizados (disecados) un mes después.

Uno de los miembros de la familia de Candeleda implicada en este caso es titular de una taxidermia en Talavera de la Reina (Toledo), que les servía de tapadera para su actividad criminal y acumula varias condenas firmes de Juzgados de Ávila por hechos reiterados de la misma naturaleza, según ha indicado la organización ecologista.

Operaban especialmente en la Sierra de Gredos y sus estribaciones, pero también se trasladaban a otros puntos, como los Montes de Toledo, Madrid, Asturias o Murcia, y ofrecían piezas de cabras montesas, osos, lobos y arruíes.