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La Oficina de Impulso al Medio Ambiente gestionará 30 millones de fondos europeos

La consejera rectifica su primera decisión y sitúa al jurídico Juan Madrigal de Torres al frente del órgano clave de la administración ambiental

Miguel Ángel Ruiz

Jueves, 30 de julio 2015, 13:06

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En principio parecía lo más sencillo en su nueva etapa como consejera, pero ha terminado convirtiéndose en un quebradero de cabeza. Adela Martínez-Cachá acabó de ajustar ayer mismo la nueva estructura de Medio Ambiente después de vencer resistencias internas y de adaptar su equipo a las exigencias «de un tiempo nuevo» que demanda «contar con los habitantes del territorio para alcanzar los objetivos de conservación que nos hemos marcado», explicó ayer a 'La Verdad'. Y en esta nueva distribución de competencias la herramienta fundamental será la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, una apuesta personal que estará dirigida por Juan Madrigal de Torres, funcionario regional desde hace 30 años y hasta ahora asesor facultativo en la Dirección General de Medio Ambiente.

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Para este puesto se había contado inicialmente con Enriqueta Liaño López, exvicesecretaria de la Consejería de Industria, pero Martínez-Cachá se ha decidido finalmente por otro perfil, más integrado en el funcionamiento interno de la consejería, para coordinar un departamento que gestionará 30 millones de euros de fondos europeos Feder y que, entre otros, tiene dos objetivos principales: finalizar los planes de gestión de la Red Natura 2000 y eliminar obstáculos para agilizar las autorizaciones ambientales y que las inversiones no se queden en el camino. Dos tareas que exigen entendimiento con el sector económico.

Juan Madrigal de Torres, con rango de subdirector, será el encargado de «ver en qué situación está cada expediente» y de «acompañar a los emprendedores e inversores», en contacto directo con otros órganos de la administración, para «potenciar la variable socioeconómica que garantice el desarrollo del territorio», señala la consejera.

A esta oficina, que dependerá del secretario general de la Consejería, Javier Falcón, están también adscritas la planificación y gestión de espacios protegidos, fauna y flora, fomento del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, representación en la red de autoridades ambientales y coordinación interadministrativa. A este departamento, explica Martínez-Cachá, se sumarán sociólogos, economistas, juristas, biólogos e ingenieros agrónomos y de montes -algunos de estos profesionales desde otras consejerías-.

Una remodelación criticada

La nueva organización se completa con dos direcciones generales: Calidad y Evaluación Ambiental -a cargo de Encarna Molina, con Inmaculada Ramírez como subdirectora- y Desarrollo Rural y Forestal -a cargo de Federico García Izquierdo, con Juan de Dios Cabezas de subdirector-. Esta estructura ha sido criticada por Ecologistas en Acción, que acusó a la Comunidad Autónoma de «hacer añicos» la administración ambiental en respuesta a «las demandas de los empresarios», y también por Podemos, que ha pedido la comparecencia de Martínez-Cachá en la Asamblea Regional para que explique lo que considera «una treta más del Partido Popular para entregar al ámbito privado la regulación del medio ambiente».

La consejera rechaza estas críticas: «Hacía veinte años que no se modificaba la estructura, y el único objetivo es ser más ágiles para dar un mejor servicio a los ciudadanos y adaptarnos a los cambios normativos», asegura Martínez-Cachá. «Esto no supone desmantelar sino organizar en función de los objetivos que tenemos. Esto tiene que echar a andar». La consejera defiende que la planificación ambiental «nunca ha estado tan bien representada al máximo nivel administrativo», una idea que ha transmitido también a los funcionarios en varias reuniones internas para convencerles de que «el medio ambiente va a tener mucho más protagonismo que hasta ahora».

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