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La Asamblea investigará al presidente por el 'caso Auditorio' en paralelo a un juzgado

La Asamblea investigará al presidente por el 'caso Auditorio' en paralelo a un juzgado

PSOE y C's apoyan la iniciativa de Podemos para aclarar el uso de los 6 millones destinados al teatro de Puerto Lumbreras; el PP lo ve como un segundo juicio

Gregorio Mármol

Viernes, 10 de julio 2015, 00:47

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El nuevo Gobierno regional se acostumbra a padecer desde el minuto uno de legislatura. El primer pleno ordinario celebrado en la Asamblea Regional tras la investidura y toma de posesión como presidente de Pedro Antonio Sánchez fue ayer un reflejo de lo que le espera durante los próximos cuatro años: una de cal y otra de arena. El Partido Popular (PP) no tuvo dificultades para sacar adelante su propuesta de un plan integral de apoyo a las familias y una moción conjunta con Ciudadanos (C's) para constituir una comisión especial sobre financiación autonómica. Pero no pudo impedir que prosperaran la petición del PSOE de aplicar al mínimo la Lomce el próximo curso y, lo más doloroso para sus intereses, la moción de Podemos para constituir una comisión de investigación sobre el auditorio de Puerto Lumbreras, que afecta de lleno al presidente y caminará en paralelo a la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca. Sánchez tendrá que dar explicaciones en la Cámara probablemente antes que a un magistrado, si prospera la querella de la Fiscalía contra él y es imputado.

El Grupo Popular se quedó solo defendiendo la inconveniencia de analizar en la sede parlamentaria si hubo irregularidades políticas en la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras del edificio cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de su pueblo. La iniciativa de Podemos fue apoyada por el PSOE y también por C's, que en este asunto se mostró distante del PP. «Queremos transparencia y regeneración democrática», advirtió su portavoz, Miguel Sánchez.

Esa comisión tratará de depurar posibles responsabilidades políticas en un asunto en el que la Comunidad Autónoma tiene intereses, pues concedió una subvención de 6 millones de euros al Ayuntamiento lumbrerense para hacer esa obra. El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, se mostró partidario de «dejar claro que esto no se puede repetir a partir de ahora en la Región».

La iniciativa de Podemos encontró rápido apoyo en el Grupo Socialista. Su diputado Joaquín López reclamó analizar todas las aristas de este asunto vinculadas al apoyo económico de la Comunidad. En su opinión, tendría que haber reclamado sus aportaciones porque el edificio está inacabado y propuso, como primera medida, visitarlo. «Dentro no hay nada, pero se ha pagado íntegramente», dijo.

La representación popular se mostró muy molesta con las dudas de la oposición. Su portavoz, Víctor Manuel Martínez, la acusó de faltar el respeto a la Justicia por las interferencias que esa comisión puede ocasionar, así como por cuestionar la presunción de inocencia del presidente. Martínez señaló a Urralburu por atribuirse competencias que la Constitución otorga a la Fiscalía, dijo, y de montar un juicio paralelo con un veredicto predeterminado. «Con su iniciativa desnaturaliza la función de control político y se convierte en lo peor de la vieja política», le dijo antes de llamarle «inquisidor».

La comisión, este mes

Previamente, su compañero Domingo Segado advirtió de que la comisión perjudicará el trámite judicial en curso y censuró que la Cámara haya habilitado un periodo extraordinario de sesiones pero no aborde asuntos, según él, más importantes. «Este tipo de iniciativas enrarecen la vida política. Es un paso más en la estrategia de perversión de la izquierda en esta Región», dijo.

La Junta de Portavoces deberá decidir en su próxima reunión la composición de la comisión y sus plazos de actuación. Será el martes, el mismo día que Sánchez debe acudir al juzgado de Lorca para ser informado de la querella de la Fiscalía. Urralburu está convencido de que podrá ser constituida este mismo mes, abriendo camino a otras solicitadas después, como las de la desalinizadora de Escombreras y Novo Carthago. También de que el presidente tendrá que comparecer en ella para explicarse. «Es muy probable que venga antes de declarar ante un juez», subrayó. Pero descartó interferir en el otro proceso porque lo que pretende la Asamblea, insistió, es fijar responsabilidades políticas.

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