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La oposición apela a la transparencia y exige los informes de la desalinizadora

El dictamen de la intervención y el envío de la documentación al fiscal anima a los partidos a activar cuanto antes la comisión de investigación

LA VERDAD / AGENCIAS

Jueves, 2 de julio 2015, 02:02

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Los grupos parlamentarios de la oposición reclamaron ayer al presidente Pedro Antonio Sánchez que sea consecuente con su compromiso de transparencia y que publique los informes que prueban la inviabilidad de la desalinizadora de escombreras. La revelación del dictamen del interventor general de la Comunidad, como publicó 'La Verdad', coincidió ayer con el registro en la Asamblea regional de la propuesta para que se cree una comisión de investigación sobre esta desalinizadora. La posibilidad, casi cierta, de que el Ejecutivo envíe la documentación a la Fiscalía del TSJ animó al PSOE, Podemos y Ciudadanos para que dicha comisión se constituya lo antes posible.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, aseguró que el dictamen de la Intervención General y el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma que advierten de la inviabilidad de la infraestructura «confirman las denuncias del PSOE». De ahí su petición de que ambos informes se publiquen en la web de la Comunidad y que los grupos parlamentarios reciban copias de ellos.

El coste real de la desalinizadora de Escombreras era de 114 millones de euros. No obstante, una ampliación posterior lo elevó hasta los 140 millones de euros. Los socialistas aseguran que el importe de las obras, con un préstamo, más los intereses de los 25 años de amortización, elevarían el coste hasta los 200-205 millones de euros, a los que habría que sumarles los 445 millones de euros firmados en el contrato y los 600 millones que reclama la empresa Hydro Management.

«Fue un capricho»

Tovar indicó que el PP «tiene mala conciencia y es ahora cuando pretende limpiar la suciedad que rodea todo el asunto de la planta de Escombreras». Asimismo, reiteró que esta infraestructura responde «al capricho de Valcárcel y del exconsejero Cerdá, que ahora autohereda Pedro Antonio Sánchez». Del mismo modo, los socialistas le pedieron a Ciudadanos que «extreme las precauciones para no ser copartícipe de este desaguisado monumental» y le exija al PP transparencia y responsabilidades.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, por su parte, manifestó que «hay un compromiso de todos los grupos para la constitución de esta comisión». Recordó que el pacto firmado con el Partido Popular contemplaba la constitución de comisiones de investigación sobre el aeropuerto de Corvera, Novo Carthago, la televisión pública y la desalinizadora de Escombreras. Sánchez también anunció que se iba a reunir por la tarde con Tovar «posiblemente para hablar de este tema». A su juicio, es fundamental esclarecer por qué el coste de la planta se ha incrementado en unos 400 millones de euros, lo que ha considerado «un auténtico despropósito», y será en la Asamblea Regional donde próximamente se abordará el asunto.

Depurar responsabilidades

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, dijo sentirse preocupado por «la mala gestión» de la 'fabrica de agua' de Escombreras y se comprometió a «trabajar» por que la comisión de investigación se constituya «cuanto antes y empiece a funcionar pronto». Insistió en que es «obligatorio aclarar qué pasa con la producción de agua en Escombreras», y también cómo fue su construcción y gestión, ya que, en su opinión, todo apunta a que este asunto podrá ser otro de los «puntos negros de la corrupción» en la Región. «Es necesario depurar las posibles responsabilidades del Gobierno en la gestión de la planta y aclarar por qué produce por debajo de su capacidad», dijo el dirigente de Podemos, quien propuso dotarla de placas fotovoltáicas que la hagan más económica y eficiente para lograr que sea rentable.

Urralburu lamentó que se esté obligando a los municipios a usar y pagar el agua de la planta «para justificar otra infraestructura que se dijo que era para regar pero que en realidad se quería utilizar para seguir apostando por el modelo de la especulación inmobiliaria». A su juicio, Escombreras es el ejemplo del «uso populista del agua por parte del PP», ya que «su destino era para el desarrollo turístico olvidando a las necesidades de los regantes». Anunció la participación de Podemos en la comisión, ya que «está en juego el dinero de todos los murcianos y murcianas».

En cuanto a los populares, el segundo portavoz adjunto del PP, Domingo Coronado, criticó al PSOE porque «se ha empeñado en meter bronca en esta legislatura cuando están llamando a una puerta que está abierta. Estamos dispuestos a que la Asamblea Regional sea transparente».

Boom urbanístico

Izquierda Unida-Verdes, sin representación parlamentaria, reclamó en un comunicado que se revise el contrato con la constructora de la planta y se renegocien las condiciones, que ha considerado «desfavorables» para la Comunidad Autónoma. La formación lamentó que esa infraestructura está «sobredimensionada» porque se construyó «al calor de la burbuja inmobiliaria», y propone implantar energías renovables para abaratar los costes de los procesos. Para el responsable de Economía, José Antonio Pujante, el problema de fondo es que se hizo para legitimar los procesos urbanísticos. Señaló que el coste del proceso de desalinización es «tan costoso» que la demanda es mínima.

Para Izquierda Unida-Verdes, es necesario estudiar el uso de energías renovables para abaratar los costes del proceso y exigir al Gobierno de España que plantee una homogenización del precio del agua habida cuenta de que en la Región de Murcia la factura es muy superior a otras zonas del país.

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