Las penas del 'caso Alvalle' se quedarán en multas

El 'caso Alvalle' lleva camino de eternizarse y de quedarse en agua de borrajas. La Audiencia Provincial de Murcia tenía previsto iniciar ayer el juicio contra los trece acusados de defraudar a la Unión Europea (UE) casi 700.000 euros hace ahora veinte años con la compra de frutas para transformación en zumos. El principal procesado es el expresidente de la empresa alimentaria Alvalle y exconsejero de Industria de la Comunidad Autónoma, José María Casanova. Sin embargo, la vista, que se iba a celebrar 16 años después del inicio de las diligencias, se volvió a aplazar -el pasado año el juicio ya se abortó ante la perspectiva de un posible acuerdo que nunca llegó- por la renuncia del abogado de uno de los procesados. Sin fecha aún prevista en el calendario, el 'caso Alvalle' está cerca de convertirse ya en uno de esos procesos enquistados que avergüenzan.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial había reservado las dos próximas semanas para acoger este importante juicio, para el que habían sido citados numerosos testigos, incluso, de fuera de la Región. Nada más iniciarse la vista, sin embargo, el letrado de Herminio R.L. renunció a la defensa de su cliente explicando que no había conseguido localizarlo antes de la vista para preparar la defensa. La familia negó ayer a 'La Verdad' que este extremo fuera cierto. Herminio R.L., que al parecer reside fuera de la Región, explicó al tribunal que, aunque hace unos años se le negó el derecho a un abogado de oficio por superar los ingresos máximos, actualmente «tengo muy poco dinero y no puedo pagarlo». Ante este hecho, la Sala decidió asignar al procesado un letrado de oficio y aplazó la vista 'sine die'.

El fiscal del caso, José María Alcázar, adelantó al inicio de la vista que aplicará a los procesados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y propondrá una rebaja notable de las penas que habían solicitado inicialmente. En el caso de Casanova, por ejemplo, la Fiscalía pedía siete años y medio de prisión y multas por 1,2 millones de euros, pero finalmente demandará un año y medio de cárcel y mantendrá la multa. El representante del Ministerio Público explicó a 'La Verdad' que con su nueva calificación ninguno de los acusados tendría que ingresar en prisión y que, además, piensa proponer que éstas sean sustituidas por multas.

Pese a la rebaja concedida por la Fiscalía, las partes tampoco lograron ayer cerrar un acuerdo que debe pasar, en todo caso, por el reconocmientos de los hechos. En su anterior comparecencia, Casanova hizo hincapié en la tardanza del proceso y remarcó que «cualquier justicia que pueda llegar ahora es injusta».

Cargamentos 'hinchados'

Según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, entre 1994 y 1997, la mercantil Alimentos del Valle S.A. solicitó y logró ayudas de la UE por un importe que superaba los 3,6 millones de euros. Como las subvenciones se otorgaban por cada kilo de fruta convertida en zumo, el supuesto truco de esta presunta trama consistía, según el Ministerio Público, en hinchar artificialmente el peso de los cargamentos que entraban en la fábrica murciana. Casanova, sostiene la Fiscalía, «diseñó un plan para obtener fraudulentamente las subvenciones».

De esta manera, explica el representante del Ministerio Público, la mercantil no compró la totalidad de kilogramos de naranjas que se hacía constar en los contratos consiguiendo presuntamente que algunos agricultores se prestaran a firmar a cambio de cantidades no concretadas, pero próximas a los 3.000 euros. En esos contratos, apunta el fiscal, los vendedores hacían constar cantidades de naranjas de las que carecían o que eran muy superiores a las que efectivamente producían.

El Ministerio Público considera que, con esa estrategia, la empresa, entre 1994 y 1997, logró hacerse indebidamente con ayudas por un valor superior a los 690.000 euros.