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El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme (tercero por la izquierda), durante la reunión de ayer con jueces y magistrados.
Batería de medidas en la justicia para agilizar la investigación de la corrupción

Batería de medidas en la justicia para agilizar la investigación de la corrupción

El TSJ prorroga el refuerzo en el juzgado del 'caso Umbra', lo instaura en el del 'caso Auditorio' y amplía un 57% la plantilla de dos salas de la Audiencia

Ricardo Fernández

Martes, 28 de abril 2015, 01:48

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Al margen de quién tenga la culpa o de cuál sea la causa, lo único cierto es que algunas de las noticias que surgen, casi a diario, vinculadas a la corrupción y a su tramitación por parte de la Administración de Justicia, llaman al sonrojo. Tanto en ámbitos legales como fuera de ellos. Los ejemplos podrían citarse por decenas, pero baste uno bien reciente como botón de muestra: el exalcalde de Totana José Martínez Andreo se sentó por vez primera en el banquillo en febrero de 2013, para responder de supuestos delitos de falsedad documental, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, por los que el fiscal le pide ocho años y medio de cárcel. Pero el juicio no se llegó a iniciar porque no se había cumplido un trámite formal. Hasta verlo de nuevo en ese trance habrán transcurrido tres años y pico, pues el juicio ha sido señalado por la Audiencia Provincial para mayo de 2016. Algo que, de entrada, ya le garantiza al acusado, casi al 100%, que le aplicarán la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, lo cual supone una rebaja muy considerable de las penas que pudieran serle finalmente impuestas. Y como Martínez Andreo, tantos y tantos cargos y excargos públicos de la Región, encausados en procesos de corrupción cuyas investigaciones se eternizan en los juzgados.

Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó ayer una batería de medidas, específicamente dirigidas a agilizar las causas de corrupción y otras de especial complejidad, entre las que se encuentra un importante refuerzo de las secciones Segunda y Tercera de la Audiencia Provincial, que en estos momentos constituyen una de las principales causas del retraso en la resolución de estos procesos.

Así, a las dos plazas recientemente creadas se suma «la adscripción inmediata de dos magistradas», con lo cual la plantilla en estas dos salas pasará de siete a once magistrados (un incremento del 57%).

Especialmente llamativo es el hecho de que se haya asignado un juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, que días atrás tuvo que asumir la instrucción del último caso judicializado sobre supuesta corrupción: el denominado 'caso Auditorio', resultado de una querella de la Fiscalía Superior. En esta causa habrá de investigarse si el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, presidido entonces por el actual consejero de Educación y candidato del PP a presidir el Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, recepcionó las obras de ese edificio sin estar terminadas.

El hecho de que el refuerzo se asigne cuando ni siquiera se ha iniciado la instrucción de la causa propiamente dicha apunta a que se quiere evitar, desde el TSJ, que este sea uno más de esos asuntos que tardan una década en resolverse.

Otro de los juzgados que seguirá disfrutando de un juez de refuerzo es el de Instrucción número 8 de Murcia, cuyo titular, David Castillejos, coordina la investigación del 'caso Umbra' de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Murcia. Aunque ya expiraba el refuerzo del que se ha favorecido en los últimos seis meses, el TSJ ha decidido prorrogarlo para que Castillejos pueda dar un impulso definitivo a la causa, que lleva ya siete años abierta.

Buenas prácticas

Una de las medidas más novedosas adoptadas ayer consiste en la constitución de un Grupo de Trabajo sobre buenas prácticas en la tramitación de causas complejas, entre ellas las de corrupción. Estará integrado por cuatro magistrados, cuatro secretarios judiciales y la directora de Comunicación del TSJ, Cristina López de Rodas. Este grupo se encargará de ofrecer asesoramiento y apoyo a los jueces que tienen que asumir la instrucción de uno de esos sumarios.

Estas medidas fueron adoptadas ayer, en el transcurso de una reunión entre el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, jueces y magistrados decanos y los titulares de órganos judiciales que llevan algunos de las principales causas sobre desviaciones de poder en las administraciones públicas. Pasqual del Riquelme informó acerca de la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encargará de analizar los problemas existentes en los juzgados que instruyen esos asuntos y en ofrecerles medidas de apoyo. Entre éstas figuran refuerzos de personal y materiales, adscripción de especialistas en determinadas materias (economía, contabilidad, informática, urbanismo...), asistencia técnica de otros miembros de la carrera judicial, posibilidad de hacer propuestas sobre modificaciones legislativas, formación en técnicas de investigación y localización de fondos y bienes procedentes del delito...

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