El exalcalde Escudero va al banquillo por negarse a dar información a la oposición

Su supuesta falta de respeto hacia la oposición, con la que Juan Escudero habría actuado a lo largo de sus años como alcalde socialista de Los Alcázares, ha acabado por conducirle hasta el banquillo de los acusados. Aunque para ello hayan tenido que transcurrir nueve años.

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier acaba de notificar el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal sobre estos hechos, que se resumen en que a lo largo de tres años, entre 2003 y 2006, el entonces alcalde de la localidad marmenorense se habría negado a responder a las peticiones de información de los concejales del PP que estaban en la oposición. De tal manera que al menos 23 escritos, requerimientos y solicitudes de datos habrían quedado sin respuesta, «con claro ánimo de obstaculizar el libre ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, bien directamente o a través de sus representantes», según sostiene la fiscal del caso, Elena González Arévalo.

La representante del Ministerio Público recuerda en su escrito que la Constitución Española reconoce a los representantes políticos el derecho a obtener la información necesaria para el ejercicio de su función. Pero ello no habría impedido que Juan Escudero, como primera autoridad de Los Alcázares, «no proporcionara a los concejales del Partido Popular diversa información que éstos le solucionaron por los cauces reglamentarios, guardando silencio ante sus peticiones».

La supuesta falta de ganas de Escudero de dar respuesta a determinados escritos de la oposición se podría entender por el contenido de los mismos, que iba perfectamente orientado hacia supuestas irregularidades o ilegalidades que, tiempo después, acabaron desenvocando en 2008 en la denominada 'Operación Ninette', con la que se desmanteló una presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Los Alcázares. En la redada policial fueron detenidos, entre otros, el propio Escudero y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, quienes continúan imputados por varios supuestos delitos que se investigan en los juzgados de San Javier.

Pues bien, una de las preguntas del PP que no fueron respondidas se refería a una parcela municipal que fue vendida a la sociedad Compañía Inmobiliaria Masdevalia, perteneciente al cerebro de la 'trama Malaya', Juan Antonio Roca, y cuya superficie tenía la extraña propiedad de aumentar o menguar de un documento a otro. Así, el Consistorio la habría vendido como si tuviera 1.300 metros cuadrados, cuando realmente tenía 1.515 m2, con lo que las arcas municipales habrían sufrido una pérdida de casi 65.000 euros.

Otro de los requerimientos de información que no fueron respondidos tenía que ver con el encargo del Ayuntamiento al despacho urbanístico Gyps Fulvus para que redactara el proyecto de reparcelación del Plan Parcial Torre del Rame. Tiempo después se descubrió que detrás de Gyps Fulvus estaba el propio arquitecto municipal, Mariano Ayuso, quien se habría estado enriqueciendo de manera supuestamente ilegal a través de ese gabinete.

La misma respuesta recibió -ninguna- una petición de información sobre el hotel de cuatro estrellas que construyó en Los Alcázares la sociedad Condeor, también controlada por Juan Antonio Roca.

Ahora, el fiscal califica tanto 'silencio administrativo' como constitutivo de un delito contra los derechos cívicos, por el que le pide a Escudero tres años de inhabilitación para empleo o cargo público.