La mayoría de los hogares consumen más energía de la que necesitan

La creación del registro de certificados de eficiencia energética de las viviendas, documento obligatorio para todos los inmuebles en venta o alquiler, ha puesto de manifiesto la precariedad de las casas de la Región en esta materia.

Desde que en junio de 2013 entró en vigor el real decreto que establecía la obligatoriedad de estos certificados, en la Región de Murcia se han expedido 27.292, y de ellos más de la mitad (el 51,1%) concedían las peores calificaciones (las letras F y G) para las viviendas evaluadas, mientras que solo un 1,81% alcanzan las notas óptimas (A, B y C).

La regulación del Ministerio de Industria fija una escala de calificaciones similar a la de los electrodomésticos, que mide el consumo de energía necesario para atender la demanda del inmueble y las emisiones de CO2 en condiciones normales.

En este sentido, las viviendas con una calificación entre A, B y C serían las más eficientes, las identificadas con las letras D y E se situarían en la media (el 47% de las casas murcianas), y las catalogadas como F y G, entre las que están más de la mitad de las viviendas evaluadas en la Región, estarían derrochando energía y produciendo más emisiones a la atmósfera de las necesarias.

Para los propietarios de estas viviendas con una mala nota energética, el problema no es solo que generan más contaminación, sino que causan un sobrecoste en su factura de la luz y el gas.

La calificación energética podría ser incluso peor de la que reflejan los datos del registro, a la vista de las comprobaciones realizadas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma, responsable del cumplimiento de la normativa estatal.

Muchas incorrecciones

Los técnicos de la Administración regional realizaron el pasado año 51 inspecciones, todas de certificaciones que habían concluido con calificaciones A, B y C, las mejores. El resultado fue preocupante: la mitad de ellas (26) estaban mal hechas y la calificación otorgada era errónea, lo que dio lugar a la apertura de 13 expedientes sancionadores.

El director general de Industria, Alfonso García, explica que también se han detectado errores o falta de documentación en el 10% de las certificaciones que se presentan en el registro de forma presencial, que son la mayoría, defectos que son subsanados en casi todos los casos por los propietarios de las viviendas y los técnicos responsables del visado.

Las sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros, según el tipo de infracción. La más común es la de tratar de arrendar una vivienda sin el preceptivo certificado energético, y también que el técnico certificador no disponga de la titulación requerida o que el certificado realizado no coincida con las características reales del inmueble.

El director general de Industria relata un caso singular descubierto en Murcia, en el que un técnico realizó la certificación de eficiencia energética de una vivienda que ni siquiera estaba concluida.

Sin embargo, Alfonso García considera que los datos regionales sobre las deficiencias descubiertas en las certificaciones no son significativos, dado el poco número de inspecciones realizadas.

La Dirección General de Industria se vio desbordada el pasado año con el aluvión de certificaciones energéticas de viviendas presentadas, a raíz de la entrada en vigor de la norma a mediados de 2013. Ante la novedad que representaba la aplicación del real decreto y la escasez de personal técnico cualificado para supervisar su cumplimiento, la Dirección de Industria apenas realizó medio centenar de inspecciones.

La Comunidad Autónoma choca, además, con otro problema para ejercer sus competencias en esta materia: no existen registros sobre viviendas en alquiler ni tiene acceso a los datos fiscales sobre la compraventa de inmuebles, por lo que se ve incapaz de comprobar, tal y como establece la normativa, que todas las viviendas en venta o alquiler dispongan de su correspondiente certificado energético.

Dificultades administrativas

«En la actualidad resulta difícil controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética», explica Alfonso García, «ya que para ello habría que disponer de los datos de ventas comunicados a la Administración de Hacienda o disponer de las relaciones de protocolos notariales de compraventas de inmuebles, para así poder cruzar datos y extraer conclusiones fiables».

Sobre los alquileres es aún más difícil asegurarse que todas las viviendas cuentan con el preceptivo certificado energético. «Al no existir un registro de contratos de alquiler es materialmente imposible confrontar los datos de cumplimiento», agrega el director de Industria.

Objetivos fallidos

La normativa estatal que estableció la obligatoriedad de la certificación energética perseguía varios objetivos que, a la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, quedan aún muy lejos de conseguir. Uno de ellos era evaluar el estado energético de las viviendas, con datos sobre las fuentes de energía, consumo y eficiencia, y que esta información se incorporara, al igual que ya ocurre con la calidad de los materiales de construcción, al catálogo de características a tener en cuenta a la hora de comprar o alquilar un inmueble.

Como consecuencia de ello, se buscaba concienciar a los ciudadanos de la importancia del correcto uso de la energía, del ahorro económico que supone y del incremento de la calidad de vida que aportan los hogares eficientes.

El último efecto que se pretendía con esta norma era que todo lo anterior condujera a la realización de mejoras en las viviendas para lograr una mayor eficiencia energética, lo que reactivaría la actividad y el empleo en varios sectores profesionales.