Mazón anuncia una querella al TSJ por mandar a Lorca el asunto de Sánchez

La decisión de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de no asumir la querella presentada por la Fiscalía contra el exalcalde de Puerto Lumbreras, consejero de Educación y candidato del PP a la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y mandarla a Lorca para que se investigue, va a tener un más largo y más intenso recorrido del previsto. Por el momento, el abogado penalista José Luis Mazón, ya ha anunciado ante la propia Sala la inminente interposición de una querella por presunto delito de prevaricación, que estará dirigida contra los tres magistrados que decidieron no asumir la investigación.

Mazón, un letrado que no es la primera vez que denuncia a miembros de la carrera judicial y que ya hace una década consiguió la condena de once magistrados del Tribunal Constitucional -aunque luego el fallo fue anulado por esa misma sala-, ha remitido un escrito al TSJ alertando de sus intenciones. Así, ha requerido a la secretaria del tribunal para que le remita copia de la querella de la Fiscalía Superior por presuntas irregularidades en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, del auto de inadmisión de esa querella, del recurso presentado por el Ministerio Público y del auto definitivo confirmando el envío del asunto a Lorca.

Una documentación que, advierte, necesita para «hacer valer mi derecho a ejercer la acción penal contra los magistrados», y señala en concreto al expresidente del TSJ, Juan Martínez Moya; al actual presidente, Miguel Pasqual de Riquelme, y a su compañero de Sala, Enrique Quiñonero.

Estos tres jueces fueron quienes firmaron las dos resoluciones contrarias a investigar la causa contra Sánchez en el TSJ. Como no podía ser de otra manera, Mazón rechaza actuar contra el cuarto magistrado en discordia, Manuel Abadía, quien en sus votos particulares consideró que este tribunal era el competente para instruir diligencias contra el candidato del PP y criticó con excepcional dureza a sus compañeros.

El abogado asegura en su escrito que «la conducta de los citados magistrados (Martínez Moya, Pasqual del Riquelme y Quiñonero) constituye un acto de puesta a disposición del poder judicial hacia el servicio de los intereses políticos del presidente del PP y expresidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, y hacia su sustituto, Pedro Antonio Sánchez». En la misma línea, señala que la decisión de mandar el asunto a Lorca, «deja al descubierto la existencia de una clandestina 'servidumbre de paso' de la Sala de lo Civil y de lo Penal en favor de Valcárcel, que implica un grave quebranto de los deberes profesionales de los referidos autores a las aludidas resoluciones».

De ahí que alerte de que, «si no sale antes alguien que defienda el interés social», es intención de este ciudadano solicitar el examen de la responsabilidad de los tres aludidos magistrados por posible prevaricación contra el derecho y la independencia de la justicia».

El escrito fue presentado el martes ante la Secretaria de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ.