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Valcárcel saluda al consejero delegado de Hansa Urbana, Rafael Galea, en 2003, durante la presentación del proyecto Novo Carthago.
El juez de 'Novo Carthago' da 30 días a Valcárcel para declarar voluntariamente como imputado

El juez de 'Novo Carthago' da 30 días a Valcárcel para declarar voluntariamente como imputado

Si el expresidente decide no comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, el magistrado Abadía elevará la causa al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado

LA VERDAD

Martes, 3 de marzo 2015, 15:05

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El magistrado instructor del 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, ha dictado un auto este martes en el que da a Ramón Luis Valcárcel 30 días para declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho y le insta a "aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias".

El expresidente regional, actual vicepresidente de la Eurocámara, podría comparecer ante esta sede, incluso, en sábado o domingo para "no interrumpir su actividad en el Parlamento Europeo". Si no acepta dicho ofrecimiento, Abadía elevará la causa, mediante una Exposición Razonada, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que sería el órgano competente para investigar a Valcárcel, dada su condición de aforado por ser eurodiputado.

Por este motivo, el magistrado pide que se acredite documentalmente la condición de eurodiputado de Ramón Luis Valcárcel, dirigiéndole atenta comunicación a la secretaría del Parlamento Europeo, para que acredite fecha de inicio de la actividad parlamentaria y si continúa en la actualidad en el desempeño del cargo de europarlamentario.

Respecto al modo de impugnación, el juez recuerda que la resolución debe notificarse al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, haciéndoles saber que la misma no es firme y que pueden interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Esta estrategia judicial es similar a la que empleó la juez instructora del 'caso de los ERE' de Andalucía, Mercedes Alaya, que ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla a los aforados vinculados a la causa, entre ellos el expresidente de la Comunidad Andaluza, José Antonio Griñán.

Se interrumpe la prescripción de los delitos

El auto del juez también comenta que desde este momento el plazo de prescripción de los presuntos delitos cometidos por el exjefe del Ejecutivo murciano queda interrumpido.

Además, el magistrado cita como imputados en el 'caso Novo Carthago' a la hija del expresidente regional, María del Rosario Valcárcel; a su yerno, Fulgencio P. J.; a su cuñado, Juan Francisco Cruz; y a los dos socios de éste en la promotora Faromur Construcciones, Juan Sánchez Carrillo -hermano del exconcejal Antonio Sánchez Carrillo- y José Alberto M.G. A los tres primeros les emplaza a declarar el próximo 21 de marzo, mientras que a los dos socios de la constructora les cita el 28 de marzo.

El pasado viernes, el juez Abadía se refería a Valcárcel en un contundente auto como "integrante de la trama" que habría impulsado la recalificación supuestamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago, le atribuyó estar utilizando "testaferros" como su cuñado y su propia hija mayor y relató incluso un intento de disfrazar un ingreso en efectivo de 30.000 euros en una cuenta de la primogénita de Valcárcel y de su esposo, fraccionándolo en 30 operaciones consecutivas de 1.000 euros en un aparente intento de burlar la normativa sobre blanqueo de capitales.

Cabe recordar que este procedimiento investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del complejo 'Novo Carthago', un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas.

En la causa está también imputado el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta la semana pasada, cuando decidió dimitir alegando razones personales.

Asimismo, en el procedimiento se encuentra imputada la alcaldesa de Cartagena y diputada, Pilar Barreiro, quien ha sido citada a declarar por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo; y el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

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