Más de 180 empresas falsas han sido destapadas en los últimos cinco años

Constructoras con un 40% de plantilla femenina, pequeños asaderos de pollo en los que supuestamente se ganan la vida decenas de empleados, explotaciones agrarias que no dudan en contratar a mujeres en avanzado estado de gestación para la recogida del brócoli... La lista de firmas ficticias desarticuladas en la comunidad es abrumadora. La estrecha colaboración existente entre la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha permitido destapar en los últimos cinco años 188 'empresas fantasma' en la Región ligadas principalmente a la construcción, la agricultura y la limpieza, pero también a tareas tan dispares como la venta ambulante de globos o la limpieza de botas. Este fenómeno creció imparable impulsado por la crisis económica y el Gobierno ha decidido plantarle cara con contundencia. No es para menos. En el último lustro la cifra de detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por participar de estas estafas supera los trescientos. Según datos facilitados por la Inspección de Trabajo, el fraude a través del cobro de prestaciones en la Región supera los diez millones de euros.

El problema de las empresas ficticias, según explica Diego Martínez Rafecas, director territorial de la Inspección de Trabajo, se dejó entrever con fuerza a partir de 2005, a raíz de una regularización masiva de inmigrantes. «Es un fenómeno tradicional, pero ahí se destapó». Efectivamente, según admite el Cuerpo Nacional de Policía, este tipo de estafa llevaba muchos años detectándose en España, pero no con tal magnitud. «Aunque existía ,era algo anecdótico y casual», remarca un experto del cuerpo. La Policía subraya que, en los últimos cinco años, con motivo de los problemas económicos derivados de la crisis, «la proliferación de este tipo de empresas ha sido espectacular».

Según los datos de la Inspección de Trabajo, en los últimos cinco años más de 9.400 ciudadanos de la Región habrían cobrado prestaciones fingiendo ser empleados de algunas de estas firmas. El fraude a las arcas públicas, remarca Martínez Rafecas, se acerca a los cien millones de euros. Solo el pasado año el Gobierno anuló las prestaciones que cobraban 17.880 trabajadores, 1.467 de ellos de Murcia, porque éstos habían estado presuntamente ligados a empresas ficticias. Murcia, pese a su peso, acapara el 10% de todas las anulaciones de altas de empleados realizadas en el país. «Éste es un fenómeno nacional que afecta a toda España de la misma manera», recalca el director provincial de la Inspección de Trabajo. Fausto Martínez, coordinador provincial de prevención del fraude de la Tesorería de la Seguridad Social, también incide en la generalización del problema. Ambos profesionales vinculan la elevada estadística regional al papel pionero que Murcia ha protagonizado en la detección de este fraude -en el que también participa Extranjería y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe)-. La comunidad estrenó un sistema de detección de estas estafas que, remarca Martínez Rafecas, ahora se utiliza en todo el país.

Fausto Martínez recuerda que en 2010 se destapó la primera empresa falsa en Murcia y, desde entonces, el trabajo conjunto entre administraciones ha sido incesante. En marzo de 2013, el Ejecutivo implantó un protocolo de actuación que recogía el modo de trabajar que ya se estaba utilizando en Murcia. Desde entonces, las herramientas informáticas de detección y el sentido común han logrado pararle los pies a miles de estafadores.

Una actividad simulada

El engaño que utilizan estas redes es simple. «Sencillamente», aclara Martínez Rafecas, «es una empresa en la que no hay empresa». A grandes rasgos, estas firmas simulan una actividad que en realidad no tienen para poder vender contratos a ciudadanos.

Alumbrar una de estas falsas empresas no es una tarea complicada. Según reconoce Martínez Rafecas, «cualquier ciudadano con un DNI puede dar de alta una empresa sin haber entregado un documento». El control llega a posteriori y es entonces cuando saltan las alarmas. Los expertos en estas investigaciones prefieren no revelar muchas pistas sobre su modo de operar, pero sí advierten de que las técnicas son cada vez más depuradas. «El grado de acierto es elevado», sostiene Martínez.

Aunque evita ofrecer detalles, el director provincial de la Inspección de Trabajo sí reconoce que estas firmas tienen siempre un elemento en común. «Nunca pagan a la Seguridad Social». No en vano, la deuda de estas empresas con las arcas pública ha sobrepasado en los últimos cinco años los 12 millones de euros.

Un pase al quirófano

Los clientes de estas tramas precisan de esos falsos contratos para acceder principalmente a subsidios de desempleo, prestaciones de maternidad o permisos de residencia, pero éstas no son las únicas motivaciones. El abanico es muy amplio. Ha habido casos de ciudadanos que han contactado con estas empresas fantasma para acceder al tercer grado penitenciario, para celebrar matrimonios de conveniencia o para gozar de prioridad a la hora de pedir plaza en un centro educativo. «Un contrato te coloca en el mundo», recalca Martínez. Incluso, según explica la Policía, algunos de los clientes de estas redes eran inmigrantes irregulares que buscaban asistencia sanitaria gratuita. En sus declaraciones, explican, llegaron a reconocer que se dieron de alta para poder operarse. El importe defraudado por estos supuestos trabajadores dependerá del tiempo de cotización en esas empresas, pero, recalcan, puede llegar a varios millones de euros al año.

Tras estas empresas falsas, según fuentes policiales, suelen encontrarse organizaciones criminales sin otro objetivo que llenarse los bolsillos. El importe que exigen, explica Martínez, varía en función del cliente y del objetivo que éste persigue. La reagrupación familiar es el procedimiento que se cobra más caro y oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros. Los productos 'estrella' son, sin embargo, las autorizaciones de residencia y trabajo, por las que se suelen pedir entre 600 y 2.500 euros, y los subsidios de desempleo, por los que el supuesto trabajador debe desembolsar entre 1.200 y 1.400 euros. Teniendo en cuenta que, tras determinados meses de cotización, el ciudadano puede acceder a un subsidio de 21 meses -hasta 9.000 euros-, el esfuerzo vale la pena.

La mayoría de estas firmas buscan establecerse en sectores en los que existe mucha rotación de empleo o en los que no se puede ubicar el desarrollo de su labor en un lugar determinado cada día, como la construcción, al limpieza o la agricultura. Es su forma de mantenerse ocultos.

Las 'ficticias relativas'

El tamaño de las mismas también puede ser muy variado. A lo largo de los últimos años se han destapado en la Región empresas 'fantasma' con un par de empleados, pero también grandes compañías que llegaron a sumar centenares de supuestos trabajadores en sus filas. Hasta la fecha el récord lo ostenta una firma agrícola de Mazarrón que llegó a tener en nómina a casi 400 empleados. El coordinador provincial de prevención del fraude de la Tesorería de la Seguridad Social explica que estas firmas «cada vez son más pequeñas». Es otra de sus tácticas para tratar de no llamar la atención.

En los últimos años, la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social han detectado, además, un nuevo modo de operar. Éste consiste en la utilización de lo que ya conocen como empresas ficticias relativas. Se trata de firmas que sí tienen una actividad real, pero que, para redondear sus ingresos, también venden falsos contratos. En los últimos años se han detectado en la Región algunos casos de plantillas 'hinchadas' que hicieron saltar las alarmas. «Son más difíciles de detectar y de investigar», recalca Martínez.

Una vez detectada esta estafa, la Administración anula las prestaciones otorgadas a todos los trabajadores ligados a las empresas ficticias y exige la devolución del importe indebidamente cobrado. Además, estos ciudadanos pierden durante un año o dos la posibilidad de recibir ayudas y se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel. Los 'cerebros' de estas tramas pueden llegar a afrontar penas de seis años de prisión.