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Abogados y ciudadanos aguardan la celebración de vistas a las puertas de los juzgados de lo Social de la capital. :: guillermo carrión / agm
Los abogados alertan de que los juzgados de lo Social ya señalan vistas para 2017

Los abogados alertan de que los juzgados de lo Social ya señalan vistas para 2017

El retraso en estos órganos afecta sobre todo a los procesos de incapacidad y a las reclamaciones de salarios

Alicia Negre

Viernes, 13 de febrero 2015, 12:34

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Los juzgados de lo Social no logran retomar el vuelo. Estos órganos, encargados de dirimir temas de despidos, reclamaciones salariales, invalidez..., siguen acumulando unos tiempos de respuesta inaceptables y, tal y como señalan desde la abogacía, ya están señalando vistas para 2017. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia está implantando un «plan de urgencia» en estos juzgados, que han actuado en los últimos años como un termómetro capaz de medir los estragos de la crisis económica, pero los refuerzos siguen siendo aún insuficientes. Letrados especializados en esta jurisdicción aseguran que «los retrasos son tremendos» y advierten de que éstos fuerzan en ocasiones a los trabajadores a aceptar una solución extrajudicial.

  • asuntos ingresaron los juzgados de lo Social de la Región en el segundo trimestre de 2014.

  • meses tarda de media en el país una sentencia de despido o de conflicto colectivo.

  • meses es el tiempo medio de respuesta de los órganos murcianos para resolver en Primera Instancia.

  • asuntos ingresó de media cada juez de lo Social de Murcia a lo largo del tercer trimestre de 2014.

La excesiva judicialización de los conflictos, los efectos de la crisis económica y la baja ratio de jueces por habitante, entre otros muchos factores, colocan a estos juzgados en una situación complicada. Los representantes de abogados, graduados sociales y sindicatos ya dejaron patente hace unos meses su preocupación por la tardanza a la hora de resolver asuntos en estos órganos. La pasada semana esta inquietud saltó a las redes sociales, donde miles de juristas -jueces, fiscales y sobre todo abogados- dejaron constancia de la gravedad de la situación con decenas de imágenes en las que se mostraban providencias con juicios por despido señalados, incluso, en el caso de Sevilla, para 2019. Los comentarios circularon bajo el hashtag #JusticiaTardiaNoEsJusticia y alertaron de que juicios por despido, impagos de nóminas, reclamaciones de cantidad, cláusulas suelo o asuntos de familia se pueden retrasar años.

El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas -uno de los impulsores de este movimiento a través de Twitter-, asegura que en la Región «ya se están señalando juicios para 2016 y 2017» y recalca que la situación «es inaceptable». La letrada Luz Hernández reconoce también la existencia de algunos señalamientos a dos años vista y recalca que estos retrasos se dan, ante todo, en reclamaciones salariales e incapacidades. Un hecho que confirman otros letrados especializados en la materia que han sido consultados por este diario.

Los juzgados de lo Social de la Región cuentan desde hace unos meses con el refuerzo de dos jueces de adscripción territorial (JAT). Según explica un abogado laboralista -que prefiere mantenerse en el anonimato-, éstos están destinados, sin embargo, a aquellas causas más urgentes, como los despidos, que sí suelen resolverse en unos meses. De este modo, la labor de estos jueces de refuerzo no afecta a los procesos por invalidez, reclamación de cantidad, denegación de una prestación de desempleo, reclamación ante el Fondo de Garantía Salarial... «Para estos trabajadores son temas de auténtica urgencia», explica uno de los abogados. «Al final está provocando una situación perversa y es que el empleado se conforma con que el empresario le pague la mitad de lo que le debe porque no puede aguantar tanto tiempo de espera».

Algunos de los letrados consultados por 'La Verdad' también hacen hincapié en la diferencia existente en el tiempo de respuesta entre unos y otros juzgados. En este sentido, destacan la labor realizada, por ejemplo, por el titular del Juzgado de lo Social número 5 de Murcia. «Algunos órganos, como éste, van muy bien porque en vez de celebrar diez juicios en una mañana celebran 15». Según explican algunos letrados, los juzgados de lo Social de Murcia suelen dedicar dos mañanas a la semana a la celebración de juicios -entre ocho y 12 por órgano-.

Tardanza en la respuesta

En los últimos meses la avalancha de asuntos que han recibido estos juzgados parece dar signos de aminoración. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los seis primeros meses del pasado año, estos órganos ingresaron cerca de 5.015 asuntos, una cifra algo inferior -un 4% menos- a la del mismo periodo del año anterior y que acumula un descenso del 13% en el último año y medio.

Pese a lo que parece ser un cambio de tendencia, los tiempos de respuesta de los juzgados de la Región continúan siendo unos de los más elevados del país. De acuerdo a los últimos datos facilitados por el CGPJ -relativos al tercer trimestre del pasado año-, los murcianos suelen aguardar una media de 13,3 meses para encontrar respuesta a su asunto en Primera Instancia. La media nacional es bastante inferior: 10,7 meses. En Segunda Instancia, los tiempos de respuesta de los juzgados murcianos se acercan más a la media nacional. En la Región se resuelven los procesos en 5,9 meses, frente a los 5,4 meses que suelen hacerse esperar a nivel nacional.

El decano de los abogados cartageneros señaló, asimismo, que los tiempos de respuesta también están yendo más allá de lo deseable, por ejemplo, en los juzgados de Familia. Muelas aseguró que la imposición de medidas urgentes en las separaciones y divorcios se puede alargar un año y resaltó que da lugar a «situaciones enquistadas» que podrían haberse evitado con una resolución del conflicto más rápida.

El nuevo presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, aseguró la pasada semana, en una entrevista concedida a 'La Verdad', que «todo esto nos obliga a estar pendiente de estas evoluciones en la esperanza de que un descenso de la litigiosidad y un hipotético, y así lo espero y lucharé por ello, incremento de los recursos humanos, especialmente del factor juez, nos permita reducir los tiempos de respuesta que efectivamente han ido más allá de lo razonable». Remarcó que «los ciudadanos nos están confiando sus problemas y debemos darles respuesta».

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