En las redes de la justicia

Si no fuera porque es imposible concertar de forma intencionada tantos elementos, circunstancias, intenciones y voluntades con el fin de hacerlas coincidir en tan breve espacio de tiempo, ninguna explicación resultaría más verosímil que la de una conjura global de la Administración de Justicia, y de quienes han consagrado su existencia a servirla, para condicionar la vida política regional. Más concretamente, para influir de manera espuria en la composición de las candidaturas electorales del PP, e impedir que algunos de quienes han regido el destino de los murcianos en las últimas dos décadas vuelvan a encabezar las listas, ya sea a la Comunidad Autónoma, sea ya a algunos de los principales ayuntamientos de la Región.

Pero tal es, en verdad, la insólita situación que ha venido registrando en los últimos días de enero, y que se va a seguir dando en las primeras jornadas de febrero. Unas semanas en las que un cúmulo de circunstancias políticas, sociales y judiciales han provocado que los principales dirigentes y los más destacados militantes del PP murciano arrastren una especie de incómodo estrabismo divergente, que les obliga a estar en todo instante con un ojo puesto en su partido y el otro en los juzgados.

Conscientes como son de que en la actual tesitura -definida por el rechazo casi unánime de los ciudadanos a que las listas incluyan a imputados y por el meteórico ascenso de algunas formaciones políticas que se nutren del hartazgo derivado de los muchos casos de corrupción- cualquier resolución judicial puede marcar la línea entre quienes siguen en la brecha o se quedan definitivamente fuera de juego.

Y los acontecimientos judiciales no solo se vienen sucediendo desde hace unos días, sino que algunos datos apuntan además a que están en trámite de adoptarse algunas decisiones cuya trascendencia y auténtico alcance nadie es capaz de adivinar.

No son pocos quienes 'sotto voce' vienen augurando, sobre todo desde ámbitos del propio PP, que está a punto de registrarse un gran seísmo cuyo epicentro estaría en algún elevado despacho del Palacio de Justicia. Quizás sea así, pero habrá que valerse de la intuición, o de las corazonadas, pues sabido es que la ciencia no ha hallado hasta el momento sistema válido alguno que permita anticipar los movimientos sísmicos.

La única evidencia sobre estos asuntos radica en que los políticos que se hallan en el ojo del huracán judicial representan en alto grado la esencia de lo que han sido los gobiernos regionales y municipales del PP en las dos últimas décadas y que, si dependiera del presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, y de una parte nada despreciable de sus dirigentes, habrían de seguir dirigiéndolos en los años venideros.

No en vano, en la diana de los jueces figuran el favorito del propio Valcárcel para encabezar la lista autonómica, el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez; el alcalde de Murcia y 'número dos' del PP regional, Miguel Ángel Cámara; la diputada nacional y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el exconsejero y actual delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, y el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá.

Es verdad que en la misma situación se halla el otrora omnipotente Francisco Marqués, quien incluso sonó como futuro relevo de Valcárcel, aunque a estas alturas está más que amortizado y ni el más fiel de sus allegados le otorgaría opción alguna de retornar a la vida pública.

En la nómina de alcaldes imputados, y por tanto también condicionados a la hora de ser incluidos en una candidatura electoral, se hallan el de Caravaca, Domingo Aranda; el de Aledo, Simón Alcaraz, y la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, que está a la espera de ser juzgada por supuesto cohecho en el denominado 'caso de la pagamenta'.

Ni siquiera el propio Ramón Luis Valcárcel se halla en estos momentos a cubierto de la escrutadora mirada de la Justicia, que lleva ya unos meses siguiéndole el rastro en el 'caso Novo Carthago'.

Así esbozado el panorama , bien podría pensarse en una conjura judicial. Pero como lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que dijo Alfonso Guerra, no queda sino ponerse serios y analizar las circunstancias que han concurrido para que todo esto esté aconteciendo.

Manuel Abadía es un hombre conservador, católico y ultrafamiliar. Un hombre chapado a la antigua. Y aunque esto forma parte de su ámbito más íntimo, y no es posible por ello ir más allá de la mera especulación, cualquiera podría arriesgar su fortuna a que no está pensando en votar a Podemos. Pero conviene no confundirse. Con los jueces-jueces, y éste es más juez-juez que ninguno, ocurre que cuando se ponen a instruir se quedan vírgenes de cualquier ideología. Y ya no miran caras, que se dice en algunos pueblos.

Nadie, salvo él, sabe si tiene una bomba entre manos. Ni si la va a hacer estallar en estos días. Pero si acaba haciéndolo no será porque así lo haya programado, sino porque éste es el escenario que sin buscarlo se ha encontrado.

Veamos. Este magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que instruye desde julio de 2013, remitió el asunto al Tribunal Supremo el pasado septiembre, lo que lo ha mantenido desactivado hasta esta semana. Ahora el Alto Tribunal le ha devuelto la competencia sobre todo el procedimiento, a excepción de lo que afecta a la diputada nacional y primera edil cartagenera, Pilar Barreiro.

Pero ello no implica que Abadía haya dejado transcurrir estos cuatro meses mano sobre mano. El TSJ ha seguido recibiendo informes de los UCO y de Hacienda, respuestas de organismos e instituciones públicas y privadas, contestaciones a requerimientos efectuados tiempo atrás... y no es difícil imaginar al instructor preparando los siguientes pasos a dar para el momento en que recuperase la jurisdicción sobre el asunto. «Como haya cogido cacho, va a salir como un toro», se afirma estos días, con indisimulada expectación, en ambientes judiciales.

Si se tiene en cuenta que desde hace meses tiene enfilado a Valcárcel, y que ya dispone de algunos datos que apuntan a relaciones personales del expresidente con el promotor de la macrourbanización Novo Carthago, Rafael Galea, las consecuencias de sus futuras resoluciones se tornan impredecibles.

Barreiro y los 'pasos perdidos'

No es un secreto que Pilar Barreiro no le hace ascos a repetir como candidata a la Alcaldía cartagenera. Pero, por acabar con el 'caso Novo Carthago', se halla a un paso de convertirse en imputada por presunta prevaricación. Si esto ocurre en los próximos días, que es una decisión que está en manos del magistrado del Supremo José Ramón Soriano, eso podría afectar a sus aspiraciones, en función de dónde coloque el tablacho -imputación, apertura de juicio...- la dirección nacional del PP.

De no verse imputada en breve, podría esgrimir en su favor que todavía no está formalmente encausada. Lo cual no eliminaría el riesgo de que, una vez proclamada candidata, se viera elevada a tan ingrata condición. Con el efecto que ello pudiera tener entre el electorado cartagenero.

De forma que ahí tenemos otro magistrado, también conservador, quizás llamado -y no por voluntad propia- a influir en el cada vez más complicado e inexcrutable proceso de designación de candidatos.

Deseoso de dar carpetazo

En el otro extremo, no por estar imputando nuevos delitos a nadie, sino por archivar los cargos ya existentes contra un político y aspirante a ir en las listas, parece encontrarse el también magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado. El instructor del caso del presunto cohecho del alto cargo regional Pedro Antonio Sánchez, a quien supuestamente un constructor le habría rebajado parte del precio de su dúplex, lleva meses tratando de archivar la causa.

El magistrado, éste de corte más progresista, sostiene que no existen indicios suficientes de delito y esta semana ha declarado en eldiario.es que va a cerrar el asunto en un plazo máximo de quince días. Es de imaginar que con un auto de sobreseimiento, pues nadie entendería que a estas alturas, y después de varios autos incendiarios contra el fiscal y la acusación particular, ahora hubiera cambiado de idea tan radicalmente.

Cuestión distinta es que sus propios compañeros de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ le permitan dar carpetazo, toda vez que ya dictaron hace meses un auto, igualmente contundente, en el que venían a decir que los indicios de cohecho eran abrumadores. Y tampoco ha cambiado tanto el asunto -Sánchez no ha podido probar el pago de los 47.500 euros que faltarían del precio de la vivienda- como para intuir que van a decir digo donde antes dijeron Diego.

La sombra de 'Umbra'

David Castillejos, juez de Instrucción número 8 de Murcia y coordinador de la investigación del 'caso Umbra', es un juez tímido y apocado que, paradójicamente, se muestra más combativo y corajudo desde que varios imputados lo denunciaron -en vano- por prevaricación. Mantiene imputado desde hace años al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, por presunta prevaricación en la aprobación de media docena de convenios urbanísticos, y ahora investiga si existen indicios de algún supuesto cohecho.

Las revelaciones sobre su patrimonio, contenidas en un informe de la Agencia Tributaria, han causado conmoción social al trascender que tiene 750.000 euros en sus cuentas, tres coches, cuatro plazas de garaje, dos viviendas propias y otras dos compartidas con sus hermanos. Y que no sacó ni un euro del banco, ni por cajero ni por ventanilla, a lo largo de dos años. Él mantiene que todo es fruto de su trabajo.

Al margen de lo que ya se conoce, que no es poco, queda una parte de la investigación patrimonial que sigue bajo secreto. Algunas fuentes sostienen que los datos que contienen son aún más relevantes que los que ya han trascendido, pero salvo el juez nadie puede asegurarlo.

¿Se conocerán esos informes antes de que el PP tome su decisión sobre el candidato a la Alcaldía de Murcia, a la que Cámara sigue aspirando? 'That is the question', que dijo aquél.

Menor trascendencia en la composición de las listas hay que atribuirle a las decisiones que pueda tomar el magistrado Andrés Carrillo, de Instrucción número 6 de Murcia, respecto de los casos 'Líber' y 'Roblecillo', en los que están respectivamente imputados los alcaldes de Aledo, Simón Alcaraz, y de Caravaca, Domingo Aranda. Aunque no parece que ninguno de ellos vaya a repetir -de hecho, Aranda ya se ha apartado-, podrían quizás haber ocupado un puesto en la lista autonómica. Pero estar encausados les resta opciones.

Estos son los jueces -cada cual de su padre y de su madre, que suele decirse-, que sin pretenderlo han sido llamados a jugar un papel en la designación de los principales candidatos del PP. Todavía habrá quien hable de conspiraciones y otras bobadas, e incluso quién esté dispuesto a creérselo. Pero no resulta fácil imaginarlos a todos confabulándose sobre tal materia..., ni sobre ninguna otra.