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Ricardo Fernández
Lunes, 26 de enero 2015, 12:15
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La Fiscalía Superior de la Región ha decidido abrir una investigación para establecer si existen indicios de una presunta malversación de caudales públicos en el viaje de tres días que el entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, realizó en 2009 a Venecia con motivo de la Bienal y en el que estuvo acompañado por su esposa, Charo Cruz. El desembolso por ese concepto para las arcas regionales superó los 14.000 euros, con 4.569 euros por dos pasajes de ida y vuelta en avión y otros 1.697 euros por las tres noches de estancia en el hotel Danieli -considerado el más lujoso de la ciudad-, a los que hay que sumar otros 5.920 euros en concepto de «gastos de viaje». Una información que 'La Verdad' desveló en exclusiva el pasado 28 de diciembre.
Fuentes de toda solvencia explicaron que la decisión de la Fiscalía está motivada por la presentación de una denuncia por presunta malversación de fondos públicos, que el letrado murciano Diego de Ramón ha interpuesto esta misma semana contra el expresidente murciano del PP, que en la actualidad ocupa una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo.
El denunciante sostiene que Valcárcel hizo supuestamente un «uso desmedido y fuera del gasto normal de protocolo de estos viajes», que es el que debe regir los «desplazamientos realizados y programados con asistencia necesaria o imprescindible».
«¿Entró la mujer en el gasto?»
Especial incidencia hace el abogado De Ramón en la presencia de la mujer del entonces presidente en esa estancia de tres días, cuya razón oficial era conocer las instalaciones del pabellón de la Región de Murcia en la Bienal de Venecia. De ahí que solicite a la Fiscalía que requiera a la Comunidad Autónoma para que aporte «toda la documentación contable, expositiva o motivadora del viaje», con el fin de conocer «si iba solo dirigido a este cargo público o también a la mujer del citado cargo». De Ramón se pregunta «si entra la esposa o no en el gasto institucional» y reclama que desde Murcia Cultural -empresa pública que corrió con los gastos- se aporten «facturas de pago de gastos personales, comidas, cenas y viajes y taxi acuático -'motoscafi'- que se hubieran producido», y si existió el visto bueno del interventor de la Comunidad Autónoma.
El abogado ya avanza que en su opinión -y eso es lo que le lleva a formular la denuncia mencionada- alguien de la Administración regional tendría que «haber puesto reparo para autorizar esos gastos y pagos», toda vez que constituyen «gastos desmedidos fuera de los precios normales en el uso y disfrute institucional».
Otra de las diligencias solicitadas por el letrado -un habitual en las denuncias contra el expresidente de la Comunidad- consistiría en la toma de declaración al exconsejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, y del ex director general de Bellas Artes, Enrique Ujaldón, quienes también viajaron a Venecia con motivo de la Bienal, aunque se alojaron en un hotel diferente. El coste de la estancia de ambos cargos en el hotel Spledid (cuatro estrellas) ascendió a 1.839 euros.
De Ramón incluye en su denuncia menciones a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reseña que la persecución del delito de malversación de caudales público sirve para sostener «la confianza de los ciudadanos en el manejo del dinero público y garantizar la propia fidelidad en el servicio de quienes actúan en nombre de dichas instituciones».
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