El juez afirma que dinero de Peñalver terminó en las cuentas de Cámara

De un alto funcionario de Urbanismo al alcalde de Murcia. De uno de los principales imputados en el 'caso Umbra' a otro de los más relevantes encausados en ese asunto. Del entorno de Joaquín Peñalver Motas al de Miguel Ángel Cámara Botías. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, quien investiga el 'caso Umbra' de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Murcia, considera que la investigación ha permitido obtener datos que apuntan a que cantidades de dinero procedentes del primero -el exjefe de Planeamiento Urbanístico- habrían acabado engrosando las cuentas de la unidad familiar del alcalde Cámara.

Esa circunstancia, que se encuentra todavía pendiente de concluir algunas diligencias, se habría producido con el paso intermedio de una compraventa de terrenos en la que habría participado el suegro del político murciano, Tomás M.B.. Una operación de cerca de dos millones de euros con la que, curiosamente, aparecen vinculados otros cuantos de los principales imputados en el 'caso Umbra'.

Para conocer los detalles de la mencionada operación urbanística hay que remontarse a los primeros días de 2005, cuando los suegros del alcalde Cámara, Tomás y Francisca, venden una parcela de su propiedad, de algo más de 107.000 metros cuadrados, ubicada en la pedanía de Baños y Mendigo. Ya en ese momento reciben una remesa de cheques de las empresas compradoras por un importe total de 421.093 euros.

Posteriormente, en enero de 2006, consta acreditado el pago de otros 293.004 euros a los suegros del alcalde en concepto de anticipos por la venta de la finca.

La escritura de compraventa se formaliza en marzo de 2006 y por parte de los vendedores se declaran ya recibidos 1.197.143 euros, a los que se suman otros 76.367 euros al momento de la firma y unos pagos aplazados de 654.504 euros. En total, la operación ascendió a 1.928.015 euros.

Según los datos contenidos en los informes realizados por la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de Miguel Ángel Cámara y su núcleo familiar, esto es, su esposa Marisol y sus tres hijos, resulta llamativo comprobar cómo, coincidiendo con el cobro de cantidades a cuenta de la venta de los terrenos, Tomas y Francisca realizaron ingresos en las cuentas de sus tres nietos. Así, en enero de 2005 se producen las tres primeras transferencias de Tomás a los hijos del alcalde, por un importe cada una de ellas de 4.600 euros. Una situación que vuelve a repetirse en enero de 2006, cuando cobran otra parte de los terrenos, y en esta ocasión es Francisca, la abuela, quien les ingresa 6.000 euros a cada uno. Así, hasta haberse constatado ingresos de 13.700 euros a cada nieto.

Asesores del dueño del yate

Quizás el dato más significativo de esta operación urbanística es el grupo de personas que aparece vinculada a la misma, de manera directa o indirecta, pues entre ellos figuran algunos de los principales encausados en 'Umbra'. Así, se ha constatado que entre las firmas que compraron los terrenos de los suegros del alcalde están Titobio SL -controlada por la familia de Joaquín Peñalver- y Programa 2010-Urbanistas y Abogados, que son los asesores del Grupo RS, propiedad del promotor ilicitano Ramón Salvador Águeda. Este empresario, con importantísimos intereses en el desarrollo urbanismo municipal, es el protagonista de unas fotografías realizadas en torno al año 2005, en las que se le veía disfrutando de una fiesta en su yate de lujo junto al entonces concejal de urbanismo de Murcia, Fernando Berberena; al jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, y al ingeniero e intermediario de origen italiano Renato del Noce.

El proyectista de ese programa urbanístico al que se sumaron los terrenos del suegro del alcalde, denominado ZU-SR-BM10, fue el hermano de Joaquín Peñalver, Francisco José, de Peñalver Arquitectos, que es la firma que durante años prácticamente monopolizó los proyectos urbanísticos de la ciudad de Murcia. Y parte de los montes forestales que se adscribieron a ese plan parcial pertenecían a Urbasa Mediterránea, una sociedad del mencionado Renato del Noce y de los también imputados Jesús Zafra, Sánchez Marín y Sandra de la Puente (esposa de Joaquín Peñalver).

Todo un elenco de destacados encausados los que se dieron cita en torno a la compra de los terrenos de los suegros del alcalde Cámara, que no ha pasado desapercibido para el juez instructor. Tanto es así que el magistrado Castillejo, en un auto notificado ayer a las partes, desvela que se está investigando si existe «algún vínculo en los datos patrimoniales de Miguel Ángel Cámara y Joaquín Peñalver», aunque alerta de que es «algo hoy día no esclarecido y que por tanto no puede darse por cierto, al margen de la titularidad de la empresa».

Aunque seguidamente expone que «debe recordarse que ambos son funcionarios de alto nivel en el Ayuntamiento, pero que en este caso aparecen como comprador-vendedor de los terrenos, dicho sea en el sentido de que quien vende es el entorno familiar del alcalde y no el alcalde». Una circunstancia que no impide observar, según el juez, «cómo el dinero que multiplica y mucho el valor de la finca (de los suegros) revierte a una cuenta del matrimonio del alcalde».

El magistrado David Castillejos da por hecho, con esa frase, que parte del dinero que el entorno de Joaquín Peñalver abonó por la compra de unos terrenos de los suegros de Miguel Ángel Cámara acabaron en las cuentas de éste. Y aclara en su auto que el objetivo de todas estas diligencias es «aclarar su participación en presuntos delitos de prevaricación y cohecho» (posibles percepciones de dinero o regalos a cambio de favores políticos).

Más ingresos del hermano

Otra de las cuestiones que están siendo investigadas responde a varios ingresos que uno de los hermanos de Miguel Ángel Cámara, Alberto, realizó a las cuentas de los tres hijos del alcalde, es decir, de sus sobrinos. Las trasferencias se realizaron en enero de 2006, y se corresponden con la cancelación de una imposición a plazo por importe de 120.000 euros, que había ido prorrogando desde 2003. Cada uno de esos ingresos ascendieron a 32.000 euros, lo que suma una cuantía total de 96.000 euros.

En los informes de la Agencia Tributaria se advierte de que con los datos que tiene en su poder «no es posible conocer los motivos por los que realizó tales transferencias».

En su auto, el juez afirma que la investigación sobre el patrimonio del alcalde sigue abierta, en apariencia para intentar dar respuesta a ése y a otros interrogantes.