El Gobierno regional pierde un año en la UE pidiendo una ayuda inviable para Corvera

El Gobierno regional ha lanzado otro ultimátum a Aeromur, esta vez de 24 horas, para que ponga por escrito sus propuestas para abrir el aeropuerto de Corvera y garantizar la devolución de los 182 millones de euros que recaen sobre las arcas de la Comunidad Autónoma. Si la valoración no es satisfactoria, convocará un nuevo concurso a principios de año, con el objetivo de que el aeropuerto pueda operar en 2016. Los acontecimientos se desencadenaron ayer tarde a raíz de la notificación de la Dirección General de la Competencia -dos días antes de que venciera el plazo- requiriendo más información, y ante la evidencia final de que no se pueden dar ayudas en concepto de inversión para los aeropuertos ya construidos como el de Corvera, según adelantó laverdad.es. El consejero de Obras Públicas, Francisco Bernabé, manifestó que recibió esta indicación de la UE con «sorpresa».

El Ejecutivo regional ha perdido casi un año ante la Comisión Europea gestionando una ayuda oficial que no era posible, ya que está prohibido con la nueva normativa que entró en vigor el pasado mes de abril, indicó la Consejería. La Dirección General de la Competencia no ha dado un dictamen definitivo sobre el préstamo participativo, sino que ha requerido más información -por tercera vez- sobre otros aspectos relacionados con las inversiones adicionales pendientes en Corvera y los costes subvencionables, subrayando que el aeropuerto esta «cuasi terminado». Este nuevo trámite retrasaría la respuesta final tres meses más, pero bastó ayer al Gobierno regional para tomar decisiones: la principal fue su conclusión «inequívoca de la inviabilidad real» de esa ayuda de 171 millones para que la concesionaria cubra las pérdidas de los diez primeros años de explotación, según manifestó el consejero Francisco Bernabé en rueda de prensa a última hora de la tarde. Aunque la notificación del jefe de unidad de la Competencia, Alain Alexis, no es resolutiva, el consejero explicó que había hablado por teléfono con un funcionario de la UE: «Nos ha dejado claro que el préstamo participativo no se puede otorgar para las inversiones ya realizadas». Añadió que la máxima ayuda que se puede autorizar son 7 millones de euros por las obras pendientes en Corvera.

En este sentido, la Consejería de Obras Públicas no va a contestar a la UE. Bernabé indicó que «no tiene ninguna utilidad» seguir gestionando el préstamo participativo, por lo que el Gobierno regional «renuncia» a esta vía.

La nueva hoja de ruta tiene su primera escala esta misma tarde, ya que a las 18.22 horas -indicó- vence el plazo dado a Sacyr y sus socios para que presenten sus propuestas. El consejero apostilló que el consorcio «sigue siendo la primera opción, pero el aeropuerto no se puede abrir a cualquier precio». Reiteró que sigue confiando en un acuerdo amistoso, pero el plazo no es prorrogable, toda vez que ha concedido a Aeromur tiempo más que necesario desde el primer ultimátum que lanzó el presidente Garre y la posterior reunión en San Esteban.

Sacyr está preparando la respuesta que dará hoy, y si el Ejecutivo considera que no es satisfactoria «pondrá fin a la vía negociadora y convocará el concurso» a principios de año, señaló el consejero, quien subrayó que el aeropuerto no estará abierto antes de las elecciones, sino que el proceso tardará al menos un año. «Abriremos con una fecha cierta y sin incertidumbre», apostilló.

Cambio de normativa

Explicó que tanto él como otros miembros del Gobierno habían recibido con «sorpresa» la nueva situación, en referencia a las explicaciones que pide la UE sobre las inversiones adicionales susceptibles de ayudas, pero no a lo ya construido. «Si hubiésemos conocido antes este matiz no habríamos iniciado esta batalla», comentó. A su juicio, Competencia tendría que haber informado antes y añadió que, hasta donde él conoce, es la primera vez que aparece este asunto en escena.

Las conversaciones con Bruselas las llevó el exconsejero Manuel Campos, al que no aludieron, quien iba dando cuenta de sus gestiones al Consejo de Gobierno. Bernabé sí reconoció que en abril se produjo un cambio en la normativa de la UE, y que expresamente el artículo 93 referido a los aeropuertos prohíbe conceder este tipo de ayudas. «Lo he conocido esta mañana», subrayó. ¿Por qué siguió el Gobierno regional gestionando una operación que estaba llamada al fracaso? El consejero contestó que desde Bruselas no había llegado en este tiempo ninguna comunicación en ese sentido, por lo que el procedimiento siguió su curso. Además, él no estaba al frente.

El secretario general de la Consejería y el director general de Transportes, Diego Pardo y Antonio Sánchez Solís, que acompañaron al consejero, explicaron que la solicitud se hizo meses antes de las nuevas directrices europeas, acogiéndose a la anterior normativa que sí permitía estas ayudas. Pese al cambio en las reglas del juego, el Ejecutivo decidió seguir adelante. «La petición inicial fue correcta, y en septiembre entendimos que la solicitud estaba bien planteada», añadió Diego Pardo.

En resumen, el Gobierno regional siguió adelante pese a existir una directriz en contra, pensando que tal vez podía acogerse a la normativa anterior o confiado porque la UE no le reclamaba información sobre ese punto tan vital.

Preparados para los tribunales

Si se consuma la ruptura de las negociaciones, el Gobierno regional está preparado para ir a los tribunales, ya que da por hecho que Sacyr y sus socios lo harán para impedir el nuevo concurso y reclamar la devolución de los 60 millones invertidos directamente por aquellos. A su vez, la Comunidad activará el expediente para exigir a Aeromur el pago de la deuda de 182 millones.

Espera por otra vía que el nuevo concesionario, llegado a ese punto, devuelva a la Comunidad el dinero a través de un canon. De momento, las arcas autonómicas deben pagar este mes los primeros intereses, por valor de 7 millones de euros, consecuencia de los 22.000 euros diarios de la ejecución del aval.