Registran la sede de la constructora que se adjudicó las obras del Casino de Murcia

La madeja del 'caso Umbra' no parece tener fin. Y el hilillo con el que comenzó a ser desenredada la presunta trama de corrupción, consistente en un protocolo de apariencia secreta que suscribió el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, con el empresario Jesús Samper, asegurándole una recalificación de terrenos con la que financiar el Real Murcia, sigue cobrándose nuevas e inesperadas víctimas seis años después de iniciada la investigación judicial.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, acaba de situar en la diana a los responsables de Construcciones Villegas, la que fue durante años una de las grandes firmas vinculadas al sector del ladrillo en la Región, por sospechar que pudieron producirse lo que denomina «pagos indebidos a imputados en esta causa». En realidad, según fuentes próximas a la investigación, lo que se trata de averiguar es si hubo comisiones a políticos locales, lo que, dicho en términos legales, no sería otra cosa que supuestos cohechos.

De ello queda constancia en un auto notificado ayer a las distintas partes del 'caso Umbra', en el que se pone de relieve que ya el pasado 28 de octubre el juez dictó un auto declarando el secreto de una nueva pieza separada, referida a esos supuestos pagos ilegales por parte de la firma Villegas. Una semana antes, David Castillejos había ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que centraran su actividad en la mercantil Construcciones Villegas y en Rosa Villegas; al parecer, una hermana del dueño de la constructora, José Manuel Villegas.

La resolución del juez ponía de manifiesto la necesidad de practicar «un registro con incautación de material informático» en las oficinas de esa empresa, que entró en concurso de acreedores hace tres años.

Este mismo viernes por la tarde, agentes de la Guardia Civil, a instancias judiciales, se ha personado en las dependencias de la sede de la constructora, ubicada en los locales donde antaño estuvo instalado el Banco Coca, en la Glorieta de España de Murcia.

Los agentes, que han concluido pasadas las 18.00 horas, han actuado a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia en el marco de la pieza separada del caso de corrupción urbanística en el municipio de Murcia.

Una UTE con García Rico

La investigación está vinculada directamente con las obras de rehabilitación del Casino de Murcia, que fueron encargadas a una UTE formada por Construcciones Villegas y el empresario lorquino Antonio García Rico, según fuentes próximas a las diligencias judiciales. El primero poseía en torno al 70% del negocio, mientras el segundo estaba en poder del 30% restante. La recuperación del emblemático edificio de la calle Trapería fue posible merced a un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y unos promotores, que se comprometieron a destinar 10 millones de euros a esas obras a cambio de obtener mayor edificabilidad en un plan parcial situado al norte del municipio.

Una de las principales cuestiones que se están investigando por parte del juzgado es el pago de dos millones de euros al ingeniero italiano Renato del Noce, que se embolsó esa gran cantidad de dinero a cambio de una supuesta dirección de la obra y que, según las sospechas del instructor y el fiscal, lo que en realidad ocultaba era el presunto pago por sus servicios de intermediación. Teniendo en cuenta que ese dinero salía de las arcas municipales -los promotores lo donaban al Consistorio y de ahí se destinaba al Casino-, se especula con la posible comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos.

Las diligencias se han acabado extendiendo ahora a Construcciones Villegas, con el fin de establecer si sus responsables pagaron comisiones a políticos a cambio de hacerse con el contrato de rehabilitación.