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Una técnico recorre las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras.
Guardias civiles entran en la desalinizadora de Escombreras siguiendo órdenes de la Fiscalía

Guardias civiles entran en la desalinizadora de Escombreras siguiendo órdenes de la Fiscalía

Intervinieron documentación que puede aportar luz a la investigación sobre el contrato de esta planta con la Comunidad

R. F. / M. B. / J. A. G.

Martes, 18 de noviembre 2014, 02:05

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La desalinizadora de Escombreras se sumó ayer al largo listado de instalaciones, de carácter privado o público, que en los últimos años han sido visitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de investigaciones vinculadas a la corrupción política. Agentes de la Policía Judicial, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, se presentaron ayer en las oficinas de la planta desalinizadora para requerir a sus responsables la entrega de diversa documentación, que la Fiscalía espera que sirva para esclarecer el uso que se iba a dar a los volúmenes de agua previstos. En concreto, si existía un concierto supuestamente ilegal para que sirvieran en parte para abastecer a la macrourbanización Novo Carthago.

Las investigaciones de la Fiscalía Superior de la Región se iniciaron el pasado marzo, a raíz de una denuncia presentada por el letrado Diego de Ramón. Las gestiones sobre este asunto han venido siendo dirigidas desde ese momento por el Fiscal Especial para los Delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, que es quien ahora ha ordenado la incautación de documentos en la desalinizadora.

Los agentes, según fuentes conocedoras de esa intervención policial, buscaban cualquier tipo de información en papel o soportes informáticos sobre actas, contratos, acuerdos privados o relaciones societarias que puedan servir para conocer cómo fue la génesis del proyecto, las vinculaciones entre mercantiles, los posibles compromisos existentes y el destino que iba a darse al agua desalinizada y los precios a los que se distribuiría.

Una de las cuestiones que están siendo analizadas consiste en conocer si esa planta desalinizadora se constituyó en origen con la finalidad de garantizar el suministro a la urbanización Novo Carthago, promovida por Hansa Urbana, que pretendía construir unas 10.000 viviendas a orillas del Mar Menor, con centro de convenciones, hoteles y campo de golf. Un macroproyecto que pasaba por la necesidad de recalificar unos terrenos especialmente protegidos por la legislación ambiental y que ha acabado dando origen a unas diligencias penales, instruidas hoy por el Tribunal Superior de Justicia, en el que se encuentran imputados tres de los entonces consejeros que intervinieron en la tramitación: Antonio Cerdá, Francisco Marqués y el hoy delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana.

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