Los coches y motos que más contaminen pagarán 600 euros extra de matriculación

Los vehículos más contaminantes, la mayoría de gama alta, pagarán hasta 600 euros más en el impuesto de matriculación, de acuerdo con el proyecto de ley aprobado ayer en la Asamblea Regional que contiene el paquete de medidas fiscales y administrativas encaminadas a incentivar la actividad económica. También serán penalizadas las motos náuticas y algunos modelos de motocicletas. El mayor gravamen sobre los medios de transporte más contaminantes, que el Gobierno regional ha presentado como una medida «completamente novedosa» para estimular la compra de vehículos eléctricos e híbridos, ha provocado sin embargo el malestar del sector. Los empresarios consideran que se rompe la unidad de mercado en la zona de Levante y que la recaudación extra que obtendrá la Comunidad Autónoma no será relevante porque afectaría a unos cientos de coches.

El gravamen para este tipo de vehículos se incrementará un 1,15% para alcanzar el 15,90% en el impuesto de matriculación. El máximo que abonaría un comprador con el sobrecargo impositivo sería de 600 euros. Afectará a los vehículos cuyas emisiones de CO2 sean iguales o superiores a los 200 gramos por kilómetro. Es el principal parámetro, ya que no influyen la cilindrada ni la marca, puesto que un mismo turismo de gama alta puede tener en el mercado varias versiones con diferente tecnología y tributación en función de la carga contaminante. En este sentido, la ley regional especifica que los medios de transporte que pagarán este impuesto especial están señalados en la nomativa estatal de 1992. Junto a los turismos con emisiones iguales o superiores a los 200 gramos por kilómetro, afectará a determinados modelos de 'quad', así como a dos tipos de vehículos acondicionados como viviendas, a las motos náuticas, y a aquellos en los que sea exigible la medición de CO2 en el supuesto de que no se acredite.

Coches híbridos y eléctricos

En cuanto a las motocicletas, se gravará a las de alta cilindrada que emitan más de 140 gramos de CO2 por kilómetro, o bien tengan una potencia igual o superior a 74Kw (100 cv).

Fuentes de la Consejería de Hacienda explicaron ayer que no se ha calculado la recaudación adicional de este impuesto especial porque el objetivo no es ingresar más dinero, sino reducir la contaminación, incentivando la compra de vehículos híbridos y eléctricos. Apuntaron que muchos modelos cuentan con versiones más y menos contaminantes, y precisaron que están excluidos los vehículos industriales.

Los empresarios del sector no lo ven de la misma forma y han intentado hasta el último momento que no se aprobara una medida que no fue consultada previamente con los concesionarios de la Región. Consideran que la recaudación complementaria que se quiere obtener, y que cifran en menos de 100.000 euros, no compensará el impacto que se causará al sector debido a que solo afectará a los vehículos de gama alta. Añadieron que este gravamen no se aplica en otras regiones y que romperá la unidad de mercado en la zona de Levante.

PSOE e IU, en contra de la ley

El paquete de medidas tributarias y de simplificación administrativa aprobado ayer en la Asamblea eleva al rango de ley el decreto de agosto. El texto salió adelante solo con los votos a favor del PP y prevé un abanico de inventivos para generar empleo y abrir negocios con mayor facilidad. Otro de los principales objetivos es la lucha contra el fraude fiscal, reforzando la Agencia Tributaria con 50 inspectores y técnicos.

En materia fiscal se modifican varios impuestos. En el de Sucesiones y Donaciones se introducen tres nuevas reducciones en la base imponible: dos en las herencias y la tercera referida a las donaciones. En el impuesto sobre de Transmisiones Patrimoniales también se regula un nuevo tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles, cuando las personas que lo adquieran sean jóvenes empresarios. En cuanto a las medidas de simplificación administrativa, se elimina la necesidad de adquirir licencia municipal de apertura cuando el local sea inferior a los 300 metros cuadrados.

El portavoz de IU-V, José Antonio Pujante, criticó que se trata de una proposición de ley impulsada por el PP y no un proyecto de ley, que partiría del Gobierno murciano. «No ha tenido que pasar por los filtros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ni por el Consejo Jurídico ni está sometida a las alegaciones de todas las partes implicadas, que podrían haberla enriquecido», puntualizó.

Los grupos de la oposición presentaron una veintena de enmiendas parciales. El socialista Alfonso Navarro explicó que los textos alternativos presentados por su grupo apuestan por la modificación de la estructura de la Agencia Tributaria. «Planteábamos la necesidad de gestionar y especializar los cuerpos de gestión que prestan servicios en calidad de aparejadores o de arquitectos». Señaló que las enmiendas socialistas pretendían «recaudar más de quien defrauda».