Negocios bajo sospecha en Cartagena

Hasta que, a media tarde, la Guardia Civil aclaró que había 'bautizado' como Púnica la operación por analogía con 'Punica Granatum', nombre científico del granado (una alusión al supuesto líder de la trama, Francisco Granados), en Cartagena no pocos asociaron la denominación de esta causa anticorrupción a la presencia histórica de los púnicos en la ciudad. Que el nombre no remita a la herencia de los carthagineses no borra, en todo caso, las dudas suscitadas en torno a las posibles ramificaciones de la red político-empresarial en la ciudad portuaria.

Un elemento que alimenta la sospecha es el negocio que el detenido exalcalde socialista José Antonio Alonso habría hecho en la Región con Alejandro de Pedro, a través de la empresa Madiva. En concreto, habría obtenido un contrato supuestamente favorecido por el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura. Éste fue edil de Urbanismo y Turismo de Cartagena y empleado en una empresa de la que Alonso fue consejero.

Pero la sospecha tiene que ver, más, con el hecho de que la Justicia tiene abiertos varios frentes a cuenta de las acusaciones de presunto trato de favor de la actual alcaldesa, Pilar Barreiro (del PP), a Alonso en negocios urbanísticos. En concreto, indaga en asuntos donde junto al exregidor participaron De Pedro y el 'número dos' de Granados, el empresario madrileño David Marjaliza, también arrestado.

Las dos operaciones inmobiliarias, denunciadas públicamente por el concejal de Movimiento Ciudadano, José López, y sobre las que ahora crece la incertidumbre, son la compraventa de los terrenos que ocupaba la fábrica de Española del Zinc (Zinsa) en el barrio de Torreciega y la recalificación de suelos para construir el Ensanche Norte, junto a Barrio Peral.

Compromiso de recalificación

En el primer caso, Alonso y Marjaliza intermediaron en 2006 en una transacción facilitada por el compromiso del Ayuntamiento de cambiar la catalogación del suelo industrial para mantener la actividad de la compañía y sus 250 puestos de trabajo.

El Consistorio puso como condiciones para permitir la construcción de viviendas al comprador que Zinsa abriera otra factoría y mantuviera a todos los empleados, o que pagara a éstos la indemnización por despido pactada. La Comunidad Autónoma exigió, además, descontaminar la parcela de metales pesados.

En la venta a la promotora Quorum, que no ha visto recalificados los terrenos al no cumplirse ninguna condición, la empresa que unía a Alonso y Marjaliza cobró 5 millones de euros (pactó 10). La mercantil era Belice 2002, luego Atalia Grupo Patrimonial. Según fuentes judiciales, ambos eran apoderados junto al hermano del exalcalde, Agustín, y el empresario madrileño José Luis Capita.

Aunque José Antonio Alonso declaró en el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena que todo se ajustó a la ley, y que a él lo buscó Zinsa por su experiencia como alcalde en favor de los intereses generales de la ciudad, el edil de MC quiere probar que su presencia la impuso Barreiro.

Dentro de una querella por injurias y calumnias contra José López, el azote político de la regidora en esta legislatura, José Antonio Alonso reclama que el edil de MC sea condenado a dos años de cárcel por manchar su honor y que le indemnice con un millón de euros. Pero tanto la Fiscalía como el juez han determinado que López habló con fundamento: se basó en el testimonio de exobreros. Éstos aseguraron que el máximo accionista de Zinsa, José Alberto Barreras, les dijo en 2006 que recibió una visita de Alonso como «representante del Ayuntamiento de Cartagena» y que le advirtió de que «o se hacía la operación con él, o no se hacía con nadie».

Aunque el juez que instruye la querella, Jacinto Aresté, ha imputado al concejal por otras manifestaciones sobre negocios de Alonso, José López mantiene su batalla para que se investigue si hay algo irregular en Zinsa. A través de los abogados Vicente Pérez Pardo y Jesús Giménez, ha recusado al juez por presunta falta de interés en aclarar los asuntos y ha vuelto a pedir más testigos.

En cuanto al Ensanche Norte, denominado a nivel administrativo CC1, el foco está en dos cuestiones. Una es que, dentro de la instrucción de la citada querella, a raíz de la declaración como testigo del promotor cartagenero Gerardo de la Torre, la Fiscalía investiga si la alcaldesa y también diputada nacional del PP Pilar Barreiro presionó en 2005 a éste para que vendiera parte de los terrenos a sociedades ligadas al exalcalde; y si éste, a su vez, pidió a De la Torre una comisión de 600.000 euros para él y para Barreiro.

El segundo vértice en la historia de ese supuesto 'pelotazo' (Gerardo de la Torre admitió un beneficio de 76 millones de euros) viene dado por la participación tanto de Marjaliza como de De Pedro. Según el Registro Mercantil, el primero estaba en el consejo de administración de la sociedad Aldaban junto a Agustín Alonso, hermano del exalcalde.

Una de las empresas que Alejandro de Pedro explota en Valencia y que investiga la Guardia Civil, Eico On Line Reputation Management, tiene como representante al otro hermano del exalcalde, Eduardo. En su consejo también hay tres mercantiles, dos de ellas administradas por Agustín Alonso.

Un burofax y la CCM

Una sociedad es Centro Audiovisual de Inversiones (CAI, SL), donde figura también José Antonio y que tiene una oficina en la Plaza de Risueño de Cartagena, de la que ayer dos personas sacaron cajas de documentos. Además, desde su sede central en Madrid Agustín Alonso envió en mayo de 2005 un burofax al concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, en el que le proponía una visita oficial de empresarios interesados en el Ensanche Norte. Entre ellos, estaban Marjaliza (presente en Atalia Inversiones SL a través de Arauma) y el presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó.

La otra sociedad vinculada es Globalclip Contenidos SL, donde se integran De Alba Abogados y Consultores SL, también según el Registro. La representante es la abogada murciana Sara de Alba, quien defiende al exalcalde en la querella contra López.