La UE plantea dudas sobre el aeropuerto y alarga su decisión otros dos meses

Cuando el Gobierno regional esperaba un pronunciamiento favorable de la Unión Europea, dos comunicaciones de la Dirección General de la Competencia han sembrado de dudas la operación para la apertura del aeropuerto de Corvera. De entrada, la decisión se ha aplazado otros dos meses, con el consiguiente retraso sobre el calendario que manejaba la Consejería de Obras Públicas que pretendía abrir las instalaciones en abril. Las aclaraciones que solicita ahora la UE, después de seis meses de contactos, reuniones e intercambio de información, han dibujado nubarrones sobre el aeropuerto de Corvera.

Las autoridades comunitarias han realizado dos peticiones de ampliación de información que, en teoría, ya estaban contestadas; a la vez que se han interesado por el pago de la indemnización de 36 millones que reclama Aena por la clausura de los vuelos civiles en San Javier.

El 29 de agosto, la UE se dirigió a la Consejería para que cuantificara el déficit de explotación de Corvera y determinara el montante del préstamo participativo que se piensa conceder a Aeromur. Existe un máximo de 193 millones sobre el cual se podría otorgar hasta un 75%. Al mismo tiempo, pidió que se aclarara si la ayuda oficial se destinará a la inversión o al funcionamiento del aeropuerto, lo cual es relevante porque varía la cuantía del préstamo, ya que la segunda modalidad está vinculada al déficit previsto de caja durante los primeros años y al tráfico de pasajeros, que no puede superar los 700.000 usuarios para optar al máximo de las ayudas. El consejero Manuel Campos ya informó de que se trata de respaldar la inversión, lo cual ha vuelto a reiterar, según ha podido saber este diario.

Con posterioridad, el 22 de septiembre, otra comunicación de la Unión Europea pidió aclaración sobre las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en torno a la indemnización que exige Aena a cambio de abandonar las instalaciones de San Javier, en las que se manejó la cifra de 36 millones de euros. Los funcionarios de la Dirección General de la Competencia -los mismo que se habían dirigido al Ministerio de Fomento para que informara si piensa cerrar San Javier- solicitaron explicaciones sobre quién va a compensar a Aena. En este sentido, quisieron saber qué instancia va a afrontar el pago de dicha compensación: la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Defensa o la concesionaria Aeromur.

Más aclaraciones

La ampliación de esta información tiene como objetivo final conocer si Aena podría ser beneficiaria de una ayuda estatal a cambio del cierre de San Javier, en el caso de que el coste lo asumiera el Gobierno regional o el Ministerio de Defensa. Si esto fuera así, podría afectar a la operación financiera que se viene negociando desde principios de año para concederle el préstamo participativo a Aeromur, ya que se trataría de dos ayudas de Estado.

La Consejería de Obras Públicas contestó que la Comunidad Autónoma no piensa pagar esos 36 millones, y que tampoco lo hará Aeromur. A su juicio, quien tendría que afrontar esa compensación sería el Ministerio de Defensa, ya que se quedaría con el uso total del aeropuerto una vez que desaparecieran los vuelos comerciales en un horizonte máximo de dos años. Para la Comunidad la indemnización no se trataría de una ayuda de Estado, mientras que las negociaciones para clausurar San Javier están en el ámbito de las administraciones central y autonómica, por lo que Aeromur se quedaría al margen.

El ejecutivo de Alberto Garre sigue confiando en que la decisión final de la UE será favorable y espera que no se agote el nuevo plazo de dos meses, ya que de lo contrario se retrasaría más la apertura del aeropuerto. Además, en enero entra en vigor la nueva normativa europea sobre la certificación de los aeropuertos, como publicó 'La Verdad', lo cual obligaría a tramitar los permisos con las autoridades de Bruselas y no con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, con la que vienen trabajando la Comunidad Autónoma y la concesionaria para aligerar la apertura.

La ampliación de información que reclama Bruselas se produce cuando se está procediendo al cambio de comisario, cargo que ostentaba hasta ahora Joaquín Almunia. Fuentes del Gobierno regional indicaron ayer que estas preguntas ya habían sido contestadas, pero que no obstante han vuelto a facilitar la información para despejar las dudas.