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José Martínez García, en diciembre de 2008 cuando era alcalde de Librilla, tras ser puesto en libertad sin fianza tras su detención en el 'caso Biblioteca'.
El juez del 'caso Biblioteca' cierra la investigación con 15 imputados, entre ellos el exalcalde

El juez del 'caso Biblioteca' cierra la investigación con 15 imputados, entre ellos el exalcalde

El juez da por terminada la investigación del caso de presunta corrupción, en relación a contrataciones públicas realizadas en los años 2001 a 2007 en el entorno del Ayuntamiento del municipio

EFE

Martes, 30 de septiembre 2014, 14:14

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El Juzgado de Instrucción de Murcia que desde el año 2008 investiga la presunta adjudicación a dedo de contratos de obras por el Ayuntamiento de Librilla ha acordado hoy transformar las diligencias en procedimiento abreviado y ha concretado los indicios de criminalidad que pesan contra 15 de los imputados.

Entre ellos, se encuentran el que en el momento de los hechos era alcalde de la localidad, José Martínez García (PP), los concejales Pedro Martínez Muñoz y Francisco Navarro Warren (del mismo partido político), el secretario municipal e interventor, Marcos Martín Tovar, y el arquitecto técnico José Luis Martínez López.

También figura Domingo Peñalver Rojo, uno de los dueños de la sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo para la Ingeniería (ACADI), presunta adjudicataria de los contratos amañados.

Entre los quince imputados también se encuentra el que era gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora, al que se atribuye su participación en las adjudicaciones de obras municipales de forma irregular.

Para el instructor, las investigaciones llevadas a cabo han permitido averiguar la supuesta recepción de comisiones ilegales por parte del exalcalde, del edil Martínez Muñoz y de Cortés Otálora, a los que atribuye un delito de cohecho.

Este mismo delito lo atribuye igualmente a Domingo Peñalver, el empresario que supuestamente entregó las dádivas para conseguir la adjudicación de los contratos a su empresa.

Por el contrario, el Juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional del constructor Santiago M.E., de sus tres hijos y de la esposa de uno de estos, que fueron imputados inicialmente, así como de las esposas de Cortés Otálora y de José Luis Cano, otro imputado que falleció hace unos años cuando se dirigía al despacho de su abogado para preparar la línea de defensa.

El juez, Andrés Carrillo, ha comunicado el auto a la fiscalía y a las demás partes personadas en el caso para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, presentando el escrito de acusación o de solicitud del sobresimiento, o la práctica de diligencias complementarias, en su caso.

Así, imputa a 15 personas la comisión de delitos que van, según los casos, desde el cohecho, la prevaricación continuada o la falsedad documental y entre los que se encontraría el exalcalde, José Martínez; el que fuera concejal de Personal, Servicios, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, Pedro Martínez; así como el arquitecto técnico municipal, J.L.M.; el exconcejal Francisco Navarro; y el secretario-interventor municipal, M.M..

En un auto, notificado este martes, el juez abre la fase intermedia, previa a la eventual fase de juicio oral, y concreta los indicios de comisión de delitos que, de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados.

Igualmente delimita, de forma presunta en esta fase del procedimiento, el grado de participación que habría tenido cada uno de ellos en estos hechos; ya sea como autor, colaborador necesario o autor por omisión.

Además, a la vista de lo actuado, archiva el procedimiento respecto a siete personas que habían sido imputadas inicialmente.

Con esta resolución, el juez da traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las partes personadas como acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ni apelación.

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