El Gobierno concede a la Región un alivio financiero de 71 millones

Excepto en el caso de Aragón, la aprobación de los planes de reequilibrio de las autonomías incumplidoras, como Murcia, quedó ayer aplazada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque la Comunidad se vio beneficiada por la rebaja de la carga financiera a los territorios que desde 2012 han tenido que acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según anunció el ministro Cristóbal Montoro, las Comunidades dispondrán de 4.127,18 millones de euros más. De ellos, a Murcia le corresponderán 71: 14,20 millones que se ahorrará este año y 56,80 en 2015. Pero esta medida no evitó el cabreo de Madrid, que nunca ha recurrido a ese mecanismo, ni de Cataluña y de Andalucía; cada uno por sus propias razones.

Pese al pataleo de las comunidades que más agraviadas se sienten con el reparto del actual modelo, o con dificultades para reducir el déficit público, nada va a cambiar la negativa del Gobierno. No habrá reforma del sistema de financiación autonómica este año, como tocaba.

Cristóbal Montoro pensaba que sus medidas servirían para apaciguar a unas comunidades quejosas por los continuos ajustes del gasto, a los que les obligan los objetivos de déficit aprobados por el Gobierno, y temerosas del impacto de tener un nuevo recorte de los servicios públicos a las puertas de las elecciones autonómicas. Y puso sobre la mesa su plan. A partir del 1 de octubre, y hasta el 31 de diciembre de 2015, el tipo de interés que pagaban por el 'rescate' del Estado en 2012, 2013 y 2014 se reducirán al 1%, lo que les permitirá ahorrarse, en conjunto, 2.047,18 millones de euros. Es una buena quita, que asume el Estado, si se tiene en cuenta que el tipo de interés fijado para las ayudas de 2012 estaba en el 5,18%, el de 2013 en el 3,91%, y el de este año, del 2'41%.

Las nueve comunidades que acudieron a ese mecanismo que articuló el Tesoro (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia) tendrán además más tiempo para devolver los créditos de 2012. En origen, disponían de diez años con un periodo de gracia inicial de dos; o sea, debían empezar a pagar en 2015. Ahora la amortización se amplía un año y habrá otro más de carencia, lo que otorgará 2.080 millones de euros más de liquidez.

Montoro garantizó además que el FLA se mantendrá durante 2015. No es un tema menor, porque la agencia Moody's prevé que las comunidades recobren pleno acceso a los mercados en 2017. Y a esto se añade otro desahogo, el que proporcionará el aplazamiento por veinte años, a partir de 2015, de las devoluciones negativas de los anticipos a cuenta del sistema de financiación, que supondrá una ganancia anual de 1.361,64 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas.

Una vez más, sin embargo, hubo enfados. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid (PP), Enrique Ossorio, salió del encuentro molesto porque considera que se penaliza a las comunidades que cumplen con el déficit y que por lo tanto pueden salir a financiarse fuera. Es, dijo, «frustrante».

En un intento de aplacar los ánimos, el ministro de Hacienda prometió buscar una fórmula (Ossorio lo llamó «FLA bueno») para mejorar la financiación de las regiones que no han pedido rescate, pero no sirvió de mucho, quizá porque tampoco fue muy concreto.

Sería una «refinanciación y reestructuración de deuda» pero, según dijo, aún no se ha determinado de qué volumen estaría hablando. Y, en todo caso, insistió en que si quieren pueden acudir al FLA como las demás (algo que Madrid rechaza por lo que puede tener de estigma y porque está sujeto a condiciones). «Si el Estado puede financiarse cada vez mejor, que vaya a financiarse con nosotros cada vez mejor», propuso Montoro.

Reparto de culpas

La consejera andaluza, María Jesús Montero (PSOE), también hizo explícito su descontento. En su caso, porque sostiene que las medidas de reestructuración de la deuda del FLA son sólo una «tirita» y «apenas tienen efecto». Las decisiones del ministro supondrán a las arcas andaluzas un alivio de 502,25 millones de euros. Ella se quejó, sin embargo, de que al final esa cantidad «ni siquiera llega a un tercio del esfuerzo». Así echó sobre las espaldas del Gobierno las eventuales consecuencias sobre el gasto sanitario y educativo.

Lo mismo hizo el catalán Andreu Mas-Colell (CiU), que puso el grito en el cielo por los condicionamientos que conllevaría la rebaja de los intereses del FLA al 1%. La liquidez obtenida tendría que destinarse obligatoriamente a pago a proveedores de servicios públicos, incorporarse a la plataforma Emprende en 3 (para agilizar la creación de empresas), y adherirse a la plataforma que garantiza la factura electrónica. «Si se piensan que van a centralizar el Estado a base de presiones por 700 millones es un magnífica receta para enconar los ánimos», bramó.