Isabel Toledo amenaza a la Asamblea con una denuncia por prevaricar si la destituye

Si Isabel Toledo ya presentó una férrea resistencia antes de abandonar el cargo de alcaldesa de Pliego, ayer dejó sentado que no está dispuesta a entregar el acta de diputada regional ni por las buenas, ni por las malas. La sentencia de prevaricación que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región dictó contra su persona el pasado mayo, por la que le imponía una condena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, no es razón suficiente para abandonar la Asamblea Regional, según su propia consideración y la de sus asesores: el abogado Emilio Díez de Revenga y el profesor universitario José Muñoz Clares.

La política del PP presentó ayer en el Parlamento regional un durísimo escrito de alegaciones, con el que respondía al Acuerdo de la Comisión del Estatuto del Diputado que, la semana pasada, la declaró incursa en una causa de incompatibilidad para seguir ejerciendo ese cargo público.

El escrito está redactado en términos tan contundentes que llega a amenazar a la letrada de la Cámara autonómica, y por extensión «a los miembros de la Asamblea, de la Comisión y de la Diputación», con perseguirles por un presunto delito de prevaricación si insisten en que debe ser destituida. «La ley ni dice lo que la letrada quiere que diga, ni cabe aplicarla retroactivamente por más que se insista en mantener un informe que no ha considerado toda la legalidad aplicable», avisa, para seguidamente advertir de que «la posibilidad de prevaricar no es exclusiva de la no aplicación de la ley, sino que, al contrario, se extiende a la aplicación de la ley ignorando la propia ley, la Constitución y los derechos fundamentales del ciudadano».

Y añade que «la jurisprudencia del Tribunal Supremo permite extender la imputación por prevaricación a quienes informan en un sentido contrario a la ley, e inducen con ello a otro a dictar una resolución prevaricadora».

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que hay causa de incompatibilidad cuando existe «una condena, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial, o de suspensión para el empleo o cargo público». Una situación en apariencia idéntica a la que afecta a Isabel Toledo y que ha sido invocada por la Comisión del Diputado para establecer que debe entregar el acta.

Vulneración de derechos

La hipótesis fundamental de Isabel Toledo y de quienes la asesoran es que ese precepto legal no es de aplicación, toda vez que esa norma se aprobó en 2011 y que los hechos delictivos por los que ha sido condenada la diputada popular -no haber actuado contra un pub ruidosos que causaba graves molestias a los vecinos- se produjeron entre 2003 y 2010.

De ahí que considere que la Asamblea Regional está tratando de aplicarle de forma retroactiva una disposición legal que le resulta perjudicial -lo cual sería ilegal-, aunque lo que los servicios jurídicos del Parlamento autónomo mantienen es que no se trata de una sanción, sino de una mera consecuencia administrativa tras la condena.

Toledo insiste en sus alegaciones en que, en cualquier caso, y al margen de cómo se le llame, «estamos ante una norma que restringe el ejercicio de un derecho y como tal hay que tratarla». Y señala en su escrito, más adelante, que «la privación de la condición de diputada es una consecuencia desfavorable y limitadora asociada a una condena pena, y como tal está protegida de la retroactividad». Incluso apunta ya a que si se le retira su condición de diputada, recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Especialmente llamativo resulta, por último, el argumento de que la condena por prevaricación no supone en este caso un delito contra la Administración Pública, sino que en realidad es un delito contra el medio ambiente por tratarse de un problema de ruidos. Como también llama la atención la afirmación de que la inhabilitación para ocupar cargo público no afecta a su condición de diputada regional, «por tratarse de un cargo electo del Poder Legislativo y no de una Administración Pública».

«Mi dignidad para ocupar un escaño es la misma que la de cualquier otro diputado», señaló, a modo de resumen, en un comunicado.

Reunión en el PP

La resistencia de la diputada popular a dejar su acta motivó ayer una reunión en la sede regional del PP, en la que tomaron parte algunos dirigentes de ese partido y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Severa González, preocupados por la imagen pública que se está transmitiendo y buscando fórmulas para abordar el problema que se les ha planteado.