Los 'contratos a dedo' le cuestan al alcalde de Torre Pacheco 10 años de inhabilitación

Las ilegalidades que el alcalde de Torre Pacheco, el popular Daniel García Madrid, y sus concejales José Saura Meroño (Deportes) y Santiago Meroño León (Urbanismo) cometieron, al asignar entre los años 2005 y 2007 una gran cantidad de contratos 'a dedo' a un arquitecto de la localidad, fueron tan «evidentes, patentes, flagrantes y clamorosas», que el tribunal de la Audiencia Provincial que ha juzgado este asunto llega a ironizar con que «lo difícil no es determinar qué precepto se ha vulnerado, sino (averiguar) cuál se ha cumplido».

Esa «auténtica arbitrariedad» en la adjudicación de los contratos, «merecedora de ser calificada como prevaricadora», le ha costado al primer edil pachequero y a sus dos concejales sendas condenas de diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público como autores de un delito continuado de prevaricación. El reproche penal expresado por el tribunal es especialmente contundente, al hacer constar en el fallo de la resolución que se les debe imponer «la privación definitiva de sus cargos de alcalde, respecto del primero, y de concejales, respecto de los dos últimos, así como de los honores que les sean anejos, con la incapacidad de obtener dichos cargos u otros análogos durante el tiempo de la condena».

Junto a los tres cargos públicos del Gobierno municipal del PP han sido condenados el arquitecto que se benefició de los contratos 'a dedo', cuyo importe ascendió a 776.522 euros, Francisco Cavas García, a quien le han sido impuestos cinco años y medio de inhabilitación especial por complicidad en el delito de prevaricación, y, por ese mismo cargo, al interventor municipal, Miguel Pérez Martínez, quien deberá cumplir seis años y medio de inhabilitación.

Se da la circunstancia, inédita en la Región, de que Miguel Pérez Martínez ya fue condenado en marzo de 2000 por prevaricación, por haber contratado ilegalmente a un empleado público cuando ocupaba el cargo de alcalde de Fuente Álamo, también bajo las siglas del PP. Un delito por el que fue indultado en 2010.

La sentencia, además de un tremendo varapalo para el gestor de los intereses públicos de Torre Pacheco y sus dos concejales, supone un espaldarazo a la labor desarrollada en ese asunto por el fiscal de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, José Luis Díaz Manzanera, ya que el tribunal ha dado por sentados todos y cada uno de sus argumentos legales.

Además marca un hito en la jurisprudencia regional, toda vez que constituye la primer condena penal por la adjudicación de contratos directos y sin publicidad, así como por el fraccionamiento de contratos para burlar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que durante años han sido práctica habitual en consistorios de la Región. Algo que abre una vía a la persecución de casos similares.

Encargos verbales

Los hechos considerados probados por los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena (José Luis García Fernández, José Francisco López Pujante y Rafael Ruiz Giménez) recogen que el alcalde García Madrid y sus concejales de Deportes y Urbanismo procedieron en 2005, 2006 y 2007, «prevaliéndose de sus cargos públicos», a adjudicar un buen número de contratos de proyectos técnicos al gabinete 'Pixel Arquitectura', cuyo propietario es el arquitecto Francisco Cavas García.

La vulneración de la ley resultaba tan flagrante, según el tribunal, que «las adjudicaciones se hacían inicialmente de forma verbal, dejando luego constancia escrita mediante una hoja de encargo profesional, y ello sin establecer precio alguno -eran una especie de cheque en blanco para el arquitecto-, ni tramitar expediente alguno de ningún tipo».

El tribunal señala que «la única constancia documental en el expediente consistía en la emisión de las facturas que elaboraba este último (Francisco Cavas), los documentos contables para el pago y la aprobación de dicho pago en la Junta de Gobierno». Además de omitir cualquiera de los procedimientos legales de contratación (abierto, restringido o negociado), en algunos casos se procedía a fraccionar las facturas, de manera que en ningún caso excedieran del límite de 12.020 euros que fija el llamado «contrato menor».

Así se hizo, a modo de ejemplo, en el denominado 'Proyecto Itineris', donde el arquitecto Cavas emitió seis facturas -todas ellas el mismo día 11/05/2007- por importes de 11.987, 11.803, 11,677, 11.994 y 12.020 euros, con el fin de cobrar los 71.349 euros a que ascendía el proyecto completo. Las adjudicaciones ilegales fueron un total de 26 (entre ellas, el polideportivo de Los Dolores, el frontón municipal, el velódromo, la pista de atletismo del polideportivo de Roldán, el campo de fútbol, el Centro Integral de Seguridad, el Centro de Artes Escénicas, el Centro de Desarrollo Local...), por un importe global de 776.522 euros.

«Razones artísticas»

En sus razonamientos jurídicos, los magistrados rebaten las tesis de las defensas, que aseguraron que las contrataciones se adjudicaron 'a dedo' por razones artísticas -algo que la ley permite en proyectos especialmente singulares- y, además, que este tipo de contrataciones se llevaban haciendo en Torre Pacheco casi desde tiempos inmemoriales. Dos razones que el tribunal rechaza de manera contundente, al exponer que las «razones artísticas» solo pueden usarse de forma excepcional, cuando solo un profesional determinado puede acometer un proyecto, frente a lo que ocurría en esta caso, que era que se convirtió en norma habitual. Y respecto de la supuesta «tradición» sobre ese tipo de contratos en el municipio, recuerda que «la persistencia de una ilegalidad no la convierte en legal».

Los magistrados están convencidos de que los cinco acusados eran conscientes de la ilegalidad que estaban cometiendo, por ser ésta «clamorosa», y más todavía el alcalde Daniel García Madrid, que es licenciado en Derecho y abogado. Y aunque éste señaló en su defensa que su especialidad no era la jurisdicción contencioso-administrativa, ironiza el tribunal con que «algunos principios básicos debe recordar de su etapa universitaria, como que la actuación de la Administración debe sujetarse a la legalidad», entre otros.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.