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Raúl Pardo-Geijo Ruiz y José Pardo Geijo.
Los letrados de Pilar Barreiro piden amparo frente al juez de 'Novo Carthago'

Los letrados de Pilar Barreiro piden amparo frente al juez de 'Novo Carthago'

Reclaman la intervención de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados por estimar que se les está coartando su libertad e independencia

Ricardo Fernández

Viernes, 11 de julio 2014, 00:46

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La entrada en escena del despacho Pardo Geijo en el 'caso Novo Carthago', contratado por la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, para que se encargue de su defensa, no ha tardado en dejarse sentir. Y no desde luego para contribuir a una mayor cordialidad en las relaciones entre el magistrado instructor, Manuel Abadía, y los representantes de las distintas partes del proceso.

Cuando todavía no se han cumplido dos semanas del momento en que los penalistas José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz se personaron en la causa, los defensores de la alcaldesa ya han presentado una iniciativa que vendrá a introducir un punto de tensión en la investigación de ese presunto caso de corrupción: una petición formal al Colegio de Abogados de Murcia para que les otorgue amparo frente a lo que consideran un ataque, por parte del juez instructor, a su libertad e independencia profesional.

El escrito, suscrito por José Pardo Geijo, va dirigido al decano, Francisco Martínez-Escribano, y tuvo entrada en el Colegio este martes. En el mismo expone que se personó en la causa el pasado 23 de junio y que al día siguiente el magistrado le otorgó un plazo de 30 días para instruirse sobre las diligencias y realizar las alegaciones que estimara oportunas. Ese mismo día 24, a la vez, el juez citaba a declarar como imputados para los siguientes días al exconsejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, así como a otros sospechosos.

Esta circunstancia llevó a Pardo Geijo a pedir la suspensión de esas diligencias, aduciendo que no tenía tiempo de estudiarse el sumario en tan breve plazo y que por lo tanto no podía participar en los interrogatorios con ciertas garantías, sobre todo cuando el propio juez le había otorgado 30 días para prepararse. Además alegaba que para esos mismos días tenía un juicio en Cartagena -el del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid-, por lo que le era imposible estar presente.

La respuesta del instructor llegó en una providencia, el 1 de julio, en la que simplemente se señalaba que «no ha lugar» a la suspensión solicitada «por tratarse de despachos de abogados integrados por varios profesionales».

«Grave lesión de sus derechos»

«La citada resolución -advierte el letrado- lesiona gravemente el derecho de mi defendida (Pilar Barreiro) a la tutela judicial efectiva, a un proceso justo con todas las garantías, a la propia defensa en sí y a la asistencia de letrado, además del derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes, provocándole una efectiva indefensión».

Este letrado, que siempre se ha caracterizado por su especial combatividad y que tiene un historial pródigo en enfrentamientos legales con los jueces, no ha dudado en presentar un escrito al Colegio de Abogados pidiendo que la Junta de Gobierno analice el asunto y le otorgue su amparo frente a la actuación del juez.

Pardo Geijo insiste en que la resolución del instructor «sitúa esta cuestión en los límites de las prerrogativas de libertad e independencia que asisten al abogado, (...) ninguna de las cuales establece cómo debe el letrado ejercer su función, sino todo lo contrario. Y concluye señalando que «solo al abogado corresponde decidir, sin injerencia alguna, cuál es el mejor modo de desplegar su actuación en el ejercicio de su función de defensa. Ninguna autoridad judicial es competente para decidir y menos para imponer quién y cómo debe ejercitarse la defensa».

Además de esta petición de amparo al Colegio de Abogados de Murcia, el penalista ha interpuesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, a la que pide que revoque la providencia dictada por el magistrado Abadía, «restaurando con ello los derechos constitucionales vulnerados de mi defendida, Pilar Barreiro».

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