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El promotor Galea pide que no se hagan alusiones a reuniones con políticos en yates

PPLL

Jueves, 10 de julio 2014, 01:52

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Rafael Galea , presidente de Hansa Urbana, empresa que proyectaba el macrocomplejo Novo Carthago en terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) la retirada de las referencias que el instructor del caso, Manuel Abadía, hace sobre reuniones con políticos de primer nivel en yates y centros oficiales.

El recurso acusa de subjetividad al magistrado Abadía, del que se pregunta si es que está llevando a cabo «una investigación paralela al margen de la judicial y pública». Galea expone que en la causa no existe dato alguno que permita avalar la existencia de esas supuestas reuniones «con autoridades políticas de primer nivel», como señalaba el juez en un auto del pasado junio, en el que ampliaba la investigación con nuevas imputaciones y acordaba una serie de diligencias.

El presidente de Hansa Urbana se muestra sorprendido por esa referencia, ya que el propio instructor reconoce en su resolución que no se conserva grabación alguna de los presuntos encuentros porque, en aplicación de la Ley de Protección de Datos, las imágenes captadas «en puertos, grandes hoteles y centros oficiales» fueron destruidas al transcurrir el plazo previsto de tres años.

«No solo es que no exista prueba que permita siquiera justificar dichas manifestaciones del ilustre instructor -se lee en el recurso-, sino que la huelga de cualquier diligencia, indicio o sospecha, lo que hace es que las mismas sean completamente subjetivas, y, por ende, debían haberse evitado en el auto».

Sostiene también la apelación que «nunca ha tenido lugar ninguna reunión con tan desagradable connotación como la que señala el auto recurrido, ni consta absolutamente nada en autos que permita sostener tal afirmación, por lo que consideramos que con ello no se respeta la presunción de inocencia».

El presidente de Hansa Urbana, en el escrito presentado por sus defensores, lamenta igualmente que el juez se haya negado a admitir a esta empresa como acusación y, sin embargo, sí haya aceptado la personación como acción popular «de abogados que no representan a parte alguna, que no acreditan interés alguno y que no justifican su petición suficientemente».Para Galea , esto evidencia «un trato desigual y discriminatorio» respecto de la sociedad que preside.

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