Reuniones grabadas en yates y hoteles con políticos

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, Manuel Abadía, da credibilidad, en su escrito, a la versión mantenida por la Fiscalía sobre la existencia de «una puesta de acuerdo» entre el Ayuntamiento de Cartagena, la promotora Hansa Urbana y las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas. El juez llega a destacar, en su auto, la existencia de un encuentro «entre Rafael Galea -gerente de la promotora- y autoridades políticas de primer nivel, como Pilar Barreiro y otros que no han podido aún ser traídos al proceso».

El juez da por hecho, en el texto, que esa reunión se debió producir en un yate, un gran hotel o un edificio oficial y recuerda que, en los alrededores de esos escenarios, la ley obliga a bloquear las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en un plazo máximo de un mes y a proceder a su destrucción en tres años.

Abadía explica que, dado el tiempo transcurrido, cuando asumió la causa esas grabaciones ya habían sido destruidas. Eso imposibilitó el hecho de llevar ante el juez a todos los que participaron en ese encuentro «tomando el acuerdo de aprobar la urbanización por encima y en contra de las leyes de protección de la naturaleza».