La Verdad

Un día en las 'trincheras' de lo Social

Celebración de una vista en un juzgado de lo Social de Murcia por la demanda de unos trabajadores ante el impago de su empresa. ::
Celebración de una vista en un juzgado de lo Social de Murcia por la demanda de unos trabajadores ante el impago de su empresa. :: / Guillermo Carrión
  • Tras un despido repentino, Fina ha tenido que esperar más de dos años para reclamar ante el juez lo que cree que le corresponde. La avalancha de despidos y salarios impagados provoca un «retraso generalizado» en estos juzgados

Fina tiene grabado a fuego el 2 de enero de 2012. Aquel día la responsable de recursos humanos de su empresa le entregó el sobre que no quería recibir. «Me echaron a la calle de una patada después de nueve años de trabajo», subraya, sin esconder el rencor que aún la asalta. Esta empresa, vinculada a campos de golf, le hizo una oferta de compensación que no le convenció y decidió acudir a los tribunales para pelear su despido. «Era una oferta irrisoria y quería batallarla», relata. Con un hijo desempleado y su marido «colgando de un hilo», esta vecina de Murcia ha tenido que esperar más de dos años para reivindicar ante el juez lo que cree que le pertenece. El retraso que arrastran los juzgados de lo Social, vapuleados por el incremento de los asuntos derivados de la crisis económica y por la baja ratio de jueces por habitante, le ha golpeado de lleno.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estudia estos días un «plan de urgencia» para aliviar el atasco que se ha adueñado de los juzgados de lo Social. Solo el pasado año estos órganos recibieron 12.336 asuntos y lograron resolver 11.649 casos. Los años de crisis económica, de avalancha de despidos y de salarios impagados han dejado, no obstante, su huella en estos tribunales, que a final de 2013 aún tenían más de 13.200 casos pendientes de resolver. Con esta complicada situación, son muchos los operadores jurídicos que han dado la voz de alarma porque algunos de los casos se están señalando ya a dos años vista, para 2016. Una realidad que obliga a muchos ciudadanos a armarse de paciencia o a buscar una salida alternativa.

El letrado Pedro Vicente Mateo asegura que existe un «retraso generalizado» en estos órganos, que han aumentado sus tiempos de respuesta «más de un 50%» en los últimos años. Diego Guirao, de Guimen Asesores, recalca que el retraso es ya muy importante y destaca algunos asuntos en los que la dilación se hace especialmente complicada. «Yo ya tengo algunos casos señalados para octubre de 2016», subraya. «El tema de las incapacidades es sangrante y se puede ir a tres años». El letrado José Gabriel Sánchez, del despacho Atrium, también incide en este aspecto. «La espera es bestial para quien está reclamando una incapacidad», sostiene, a la vez que recuerda que en Elche, por ejemplo, se colocó un juez de refuerzo centrado únicamente en agilizar este tipo de causas. «Esta gente no puede trabajar».

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los murcianos deben esperar una media de 13,2 meses para recibir respuesta a una demanda planteada en estos órganos. Supone tres meses y medio más que la media española. Sin embargo, deberán armarse de más o menos paciencia en función del asunto que les haya llevado a los tribunales. A nivel nacional -no existen datos regionalizados- una sentencia de despido o conflicto colectivo tarda unos seis meses y medio, mientras que una reclamación de cantidad se hace esperar ya más de un año.

Los abogados ponen el énfasis en la necesidad de agilizar, por ejemplo, las vistas en aquellos casos en los que un trabajador solicita la extinción del contrato de trabajo por impagos. El letrado Antonio Pérez, de los servicios jurídicos de UGT, explica que esta espera sitúa a los trabajadores en una complicada encrucijada, dado que no pueden dejar el trabajo porque perderían su indemnización y tampoco pueden cobrar el paro. Su única salida, en este caso, es seguir acudiendo cada día al trabajo pero sin cobrar. «Hay trabajadores que piden al médico la baja para que les pague la Seguridad Social y poder comer». Estos casos, asegura, tardan de 7 a 8 meses y pueden llegar hasta el año.

En esa situación se encontraba hasta ahora Antonio Vidal, un vecino de Sangonera La Verde. Él, al igual que cinco de sus compañeros, ha tenido que esperar siete meses para reclamar al juez que ponga fin a su relación laboral con una constructora que hace meses que no le paga. «Nos dijeron que sería cosas de unas semanas, pero nada», lamenta. «Por lo menos, ahora podremos irnos al paro».

En los pasillos de los juzgados de lo Social aguardan también su turno Mariano y José, dos sudamericanos -de Perú y Ecuador- a los que una constructora dejó a deber más de 10.000 euros por unos meses de trabajo allá en 2010. «Ya casi se nos había olvidado», recalcan explicando que afortunadamente encontraron un puesto en otro sector. «Menos mal, porque si hubiésemos dependido de esto habríamos pasado hambruna».

Esta tardanza, explica el letrado Mateo, ha generado que esta jurisdicción «sea más proclive a los acuerdos». Las empresas, subraya, no suelen tener problemas en esperar la vista, pero el trabajador que aguarda su despido o el pago de un salario atrasado suele sufrir más los meses de espera. Además, añade Mateo, la última reforma laboral acabó con los denominados salarios de tramitación -éstos se abonaban cuando un despido se consideraba nulo- y supone un nuevo giro de tuerca.

Pocos medios materiales

Martín Robles también ha tenido que enfrentarse, en los últimos meses, a la situación de los juzgados de lo Social. Este veterinario trabajaba, a través de una empresa, para la Comunidad, pero ésta decidió prescindir del servicio que prestaban y él, como otro centenar de compañeros, acabó en la cola del paro. Lleva año y medio aguardando una decisión judicial. Ahora espera hastiado la celebración de la vista que decidirá su suerte. Otros antiguos compañeros ya han pasado en las últimas semanas por este trago con diferente resultado. «Entre estar sin trabajo y esto...», explica. «La justicia te deja una sensación muy rara».

Antonio Checa es uno de los abogados más veteranos que se pasean por estos órganos. Lleva más de 43 años entre juicios de despidos y reclamaciones de cantidad y los tribunales guardan ya poco secretos para él. «Los juicios laborales siempre han sido muy rápidos, hasta ahora», explica. «Hace tres o cuatro años, con la crisis, los juzgados empezaron a llenarse de cientos de pleitos». Este abogado achaca el retraso a que «se cuenta con pocos medios materiales y cada vez hay más casos» y recalca que éste es un problema a nivel de Ministerio. La situación, subraya, se podría solucionar si se facilitase el acceso a más jueces. «Tiene solución si hay una voluntad por parte del Ministerio».