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José Gabriel Ruiz, durante la rueda de prensa de ayer en el palacio de San Esteban.
La Comunidad anuncia un código de buen gobierno y sanciones para los incumplidores

La Comunidad anuncia un código de buen gobierno y sanciones para los incumplidores

El Gobierno regional adopta por primera vez un plan en favor de la transparencia e informará de todas las subvenciones que da y quién las recibe

Julián Mollejo

Sábado, 31 de mayo 2014, 00:32

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Aunque con varios años de retraso con respecto a otras comunidades autónomas, el Gobierno regional dio un paso cualitativo en favor de la transparencia y el buen gobierno al aprobar en su reunión de ayer la Iniciativa Integral para la Transparencia, que incluye propuestas en materia de presupuestos y gastos, altos cargos y servicios al ciudadano.

La iniciativa responde a uno de los compromisos adquiridos por el presidente regional, Alberto Garre, en el debate de investidura, y pretende sacar a la Comunidad Autónoma de la Región del último lugar que ocupa en el índice de transparencia de las administraciones regionales españolas.

Entre las medidas propuestas destaca la aplicación de normas de buen gobierno y de sanciones económicas y disciplinarias para los altos cargos que las incumplan.

En materia de presupuestos y gastos, la Comunidad pretende que la información sobre los presupuestos regionales, que ya ofrece en su página web, sea accesible de forma clara y sencilla para que cualquier ciudadano pueda consultar cuánto dinero se destina a cada actuación y a cada departamento.

También publicará trimestralmente el grado de ejecución de los presupuestos de la Comunidad y creará un registro público al que podrán acceder todos los ciudadanos, donde consten todos los contratos, convenios, subvenciones y ayudas que se aprueben en la Administración regional, así como su importe y destinatarios.

El Gobierno publicará además las cuentas anuales de cada uno de los organismos autónomos y entidades públicas, así como sus informes de auditoría. Igualmente, dará acceso a todos los datos sobre el parque móvil regional y número de vehículos disponibles, marca y modelo y uso al que están asignados.

Parte de esta información ya es pública, sin embargo, se encuentra tan dispersa y son tantos los enlaces y pestañas que hay que pulsar para llegar hasta ella que prácticamente es inaccesible para la ciudadanía en general.

Control de los altos cargos

El capítulo del plan dedicado a los altos cargos del Ejecutivo es el más denso en medidas. Con el objetivo de rendir cuentas a los ciudadanos acerca de las personas que dirigen las instituciones y su idoneidad para ejercer su función, según explicó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, José Gabriel Ruiz, la Comunidad publicará el perfil profesional de todos los cargos públicos de la Administración regional y las funciones que tienen asignadas.

También difundirá el sueldo anual y mensual de los cargos públicos, las indemnizaciones tras su cese si las hubiera, y la percepción de cualquier otra remuneración en el ejercicio de su cargo.

Una de las propuestas «más avanzadas», según la Consejería, es la aprobación del Estatuto del Cargo Público, que fijará los requisitos de idoneidad, formación y experiencia que deben cumplir para ejercer su actividad. Este estatuto irá más allá de las responsabilidades legales de los responsables políticos, ya que contemplará normas de diligencia y buen gobierno, así como un régimen sancionador en caso de incumplimiento, que podrá contener tanto medidas económicas como disciplinarias.

El consejero expresó su confianza en que estas medidas eviten en el futuro la comisión de irregularidades en la Comunidad y que haya altos cargos imputados en causas judiciales.

Para mejorar la eficiencia, se asignarán objetivos determinados a cada centro directivo y se establecerán índices que permitan evaluar el cumplimiento o no de dichos objetivos.

Otra de las novedades es la creación de una unidad de conflicto de intereses, dependiente del Secretariado del Consejo de Gobierno, a cuyo frente estará un funcionario de carrera del más alto rango. Esta unidad velará por que los cargos públicos cumplan el régimen de incompatibilidades y analizará y emitirá un informe preceptivo sobre el patrimonio de los cargos públicos al final de sus mandatos en comparación con su patrimonio inicial, con el fin de comprobar que las variaciones experimentadas se corresponden con las retribuciones percibidas.

Entre las acciones relacionadas con el servicio al ciudadano se incluye la elaboración de un catálogo de servicios -a principios de año, el Gobierno ya anunció una medida similar- de cada uno de los departamentos de la Administración, para que los ciudadanos sepan qué servicios puede prestarle la Comunidad. Estos catálogos de servicios incluirán compromisos de mejora de la atención a los ciudadanos y agilización de los expedientes administrativos.

Aplicación desde el 1 de julio

Todas las medidas de la Iniciativa Integral para la Transparencia se publicarán en un nuevo portal de internet que coordinará la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior. Dicho portal tendrá como responsable en cada consejería a un funcionario de carrera del más alto rango.

El propósito del Ejecutivo es que este plan empiece a implantarse el 1 de julio, y que esté finalizado en su totalidad antes de que concluya el presente año.

José Gabriel Ruiz indicó que el objetivo es hacer de Murcia «la administración más transparente de España», algo que no resultará fácil, ya que la Comunidad parte de la última posición del índice de transparencia que realiza la ONG Transparencia Internacional. La misma organización publicó el pasado mes de abril otro informe sobre los parlamentos autónomos, según el cual la Asamblea murciana era la más opaca de las 17 comunidades autónomas.

La intención del Gobierno es extender el plan a los ayuntamientos, agregó el consejero, que el martes se reunirá con miembros del Pacto por la Transparencia para explicarles las medidas y pedirles aportaciones.

El PSRM acogió este plan con malestar. Hace más de un año el partido presentó una proposición de ley de transparencia, que retiró a cambio de que se creará una comisión en la Asamblea para pactar una norma sobre esta materia. Dicha comisión lleva trabajando desde entonces pero apenas ha avanzado. «Es una burla al Parlamento», apuntó el diputado socialista Francisco Oñate. «En el fondo, lo que el Ejecutivo pretende es darse un barniz de transparencia con medidas que ya se aplican y escamotear los elementos más escabrosos, como la publicidad del registro de bienes de altos cargos, de la que nada han dicho», agregó.

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