Nace una asociación que dará soporte a las denuncias anónimas de corrupción

Un grupo de una quincena de abogados, arquitectos, funcionarios y jubilados de la Región han creado la Asociación 'Murcia Transparente', que pone a la disposición de todos los ciudadanos un gabinete jurídico para que puedan denunciar cualquier caso de corrupción del que tengan constancia, conservando el anonimato.

Así lo hicieron saber este jueves en rueda de prensa el presidente de la asociación, Antonio Sánchez, junto a los abogados miembros del gabinete, Jorge Eduardo García y Diego de Ramón, quienes señalaron que el objetivo de la asociación es "cambiar la administración pública" para "acabar con la corrupción " y "mejorar el orden social y jurídico".

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna irregularidad o caso de corrupción pueden ponerse en contacto con la asociación a través de la web 'http://www.murciatransparente.es' o del correo 'info@murciatransparente.com', y el gabinete jurídico estudiará caso por caso y llevará adelante los que estime oportuno.

La asociación está implicada en el proceso judicial que investiga las supuestas "irregularidades" en la gestión de la antigua Caja Mediterráneo (CAM). Concretamente, su intención es "investigar los avales o informes de cálculo de riesgo que pidió para otorgar el crédito sindicado de 1.000 millones de euros que se concedió a la empresa Polaris World".

Asimismo, desde la asociación quieren saber "qué políticos fueron designados en este caso por los gobiernos de Valencia y de Murcia" en las cajas porque, a su juicio, "había una autopista financiera formada por Banco de Valencia, Bancaja y CAM" a la hora de conceder créditos que "no se debían de haber concedido, por presiones e influencias políticas en los consejos de administración".

Por ejemplo, la asociación reprocha específicamente que en el Consejo de Administración de la CAM estuviera el actual consejero de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Juan Bernal, que ahora "alega que no sabía nada de lo que se aprobaba, cuando él es auditor y economista, por lo que no puede esgrimirse la presunción de ignorancia", según 'Murcia Transparente'.

La asociación también reclama que se investigue "el aeropuerto de Corvera y las recalificaciones que se hicieron en las proximidades, así como las subvenciones que dio el Instituto de Fomento (Info) para comprobar si llega a los pequeños empresarios". Además, exige una bajada en los salarios de los políticos, porque "no sólo reciben al retribución mensual, sino también por dietas y gastos de representación".

Casos en los que ya está personada la asociación

De momento, la asociación está personada a través de sus abogados en diferentes casos de corrupción, como el 'caso Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia y en el que está imputado el alcalde de la ciudad, Miguel Angel Cámara.

Además, la asociación, a través de Diego de Ramón, está personada en el caso de la 'Balsa Yenny', que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de este embalse de estériles procedentes de explotaciones mineras. Critica que "la Comunidad recibió fondos europeos para sanear medioambientalmente esta balsa, y ahora la Guardia Civil ha hecho un informe que revela que no se limpió, sino que la basura contaminante se amontonó y ahora representa un riesgo para la población y el medio ambiente".

Igualmente, De Ramón ha presentado querellas contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, así como contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el denominado caso 'Bankia'.

Asimismo, De Ramón está personado en el caso 'Trimtor', por el que el expresidente de la Croem, Miguel del Toro supuestamente "recibió un contrato a dedo por los exconsejeros de Educación Juan Ramón Medina Precioso y Constantino Sotoca". El abogado también está personado en el caso que investiga la desaladora de Cartagena, que "costó 100 millones de euros, pero se firmó un contrato para que los murcianos devuelvan 600 millones".

Sánchez subrayó que ' Murcia Transparente' no es una organización política, sino un grupo de personas que, desde hace ocho años, "denuncia hechos como acusación particular". Ahora, se proponen actuar como asociación, con el apoyo del departamento anticorrupción de la Unión Europea".

El presidente de la asociación reclamó "un cambio más social en los dirigentes que gobiernan la Comunidad, así como una transparencia real en los gastos públicos y la implantación de la autoridad de la Fiscalía independiente de responsabilidad fiscal, como exige Bruselas, y contribuir contra la corrupción colaborando con la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Para ello, emplearán "la denuncia pública y el ejercicio de la acusación particular frente a las actuaciones corruptas de los diversos poderes públicos", tal y como aparece reflejado en sus estatutos. Para ello, intentarán crear una "conciencia ciudadana" para que la sociedad murciana "participe".

Desde la asociación criticaron que la corrupción generalizada "tiene un coste social estimado de 40.000 millones de euros en todo el país" y "el incumplimiento del compromiso contra la corrupción firmado por España en la Unión Europea y en la ONU".

"Si los jueces murcianos no aplican la ley de una forma implacable contra la corrupción y los políticos responsables, los ciudadanos podemos acudir a la Unión Europea y a la Agencia de la ONU contra la corrupción para denunciar los casos en los que España no los aplica", subrayó De Ramón.

El abogado demandó un cambio "profundo" a nivel político y de la administración de Justicia, del Estado, de la Comunidad y de los municipios grandes. Por ejemplo, pidió a los políticos "que den ejemplo y se bajen los sueldos, porque ganan fortunas" mientras "la gente sufre" y los jóvenes "se tienen que ir al extranjero con sueldos miserables.

Por último, De Ramón se referió a los últimos casos de concesiones de indultos, que calificó de "vergüenza nacional". Y criticó también la falta de independencia de la Administración de Justicia de los poderes políticos. "Hace falta que los políticos no intervengan en nada",subrayó.