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EFE
Martes, 19 de noviembre 2013, 14:59
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La familia de Adrián Adame, el joven de 16 años que fue asesinado en Mazarrón por un interno de una prisión de Barcelona que no regresó al centro penitenciario tras disfrutar de un permiso, demanda a la Generalitat de Cataluña para que se declare su responsabilidad patrimonial por lo ocurrido, según se conoció este martes.
Los demandantes creen que el Gobierno catalán debe responder por lo que se considera un anormal funcionamiento de los servicios públicos, al haber concedido este permiso a Jorge Agustín Sánchez Romero pese a que contaba con más de veinte condenas por robos, incendio, lesiones y tenía pendiente un juicio por homicidio.
Nacido en Tarrasa, Sánchez Romero salió en mayo de 2011 de la cárcel con un permiso de cuatro días, pero una vez finalizado el mismo no regresó el establecimiento penitenciario.
En noviembre de ese mismo año llegó a Mazarrón, y al poco de alojarse en un hotel salió a la calle, armado con dos pistolas y un subfusil, armas que utilizó para matar tanto a este menor que había salido a pasear a su perro, como a un vecino de 32 años, que igualmente transitaba por una calle de la población.
El pasado mes de octubre un jurado popular lo declaró culpable de dos delitos de asesinato y de un delito de tenencia ilícita de armas, tras lo cual fue condenado a penas que sumaban 34 años de prisión y al pago de indemnizaciones a los herederos de las dos víctimas por un total de 700.000 euros.
La sentencia señaló que «los asesinatos cometidos por el procesado no tienen otra explicación que el mero capricho, ya que no conocía a los fallecidos».
Por otro lado, recogió que las indemnizaciones fijadas para los herederos no dejaban de ser más que «papel mojado», al estar declarado el acusado en estado de insolvencia.
En la primera sesión de la vista oral, Jorge Agustín Sánchez Romero reconoció los hechos e incluso que las dos víctimas no tuvieron la menor posibilidad de defenderse.
Así mismo declaró a la sala que aunque hubiera consumido cocaína, esto no le eximía de su responsabilidad por la gravedad de los hechos cometidos.
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