Venta, gravosa para el municipio, de una parcela en El Saladar

El Ayuntamiento de Totana tiene una empresa pública, Proinvitosa, cuyo objetivo es el arrendamiento y compraventa de inmuebles, con el fin de facilitar las inversiones empresariales en condiciones de igualdad y la generación de puestos de trabajo.

Desde el año 2002, expone el fiscal, tenía Proinvitosa una parcela de 71.958 m2 en el polígono industrial El Saladar, identificada como P-1. Fue adquirida por el empresario Pedro Sánchez Martínez, por algo más de 1,4 millones de euros, para instalar un centro logístico del transporte. En el contrato se incluyó una cláusula que prohibía que esa parcela pudiera ser revendida a otra persona hasta que no estuviera construido el citado proyecto y que, si se decidía finalmente no levantarlo y proceder a la enajenación del terreno, Proinvitosa tendría una opción preferente de compra por el mismo dinero en que la vendió, más la actualización del euríbor.

Cuando el plan parcial El Saladar fue reparcelado, el citado terreno P-1 se dividió en tres (P-1.1, P-1.2 y P-1.3) y Proinvitosa decidió modificar el anterior precontrato y vender la parcela central a un concesionario de automóviles. Finalmente, la venta de las otras dos parcelas se hizo en marzo del 2005, a favor de Pedro Sánchez Martínez, con el matiz, «buscado a propósito con un fin claramente especulativo», según el fiscal, de que habían quedado separadas por la empresa de automóviles.

El 14 de marzo del 2005, Pedro Sánchez, que sólo iba a desarrollar su actividad empresarial en la parcela P-1.1, propuso escriturar los dos terrenos a nombre de distintas sociedades de su propiedad: una a nombre de «Ofrisa» y otra como «Los Prados de Caravaca S.L.», y así se hizo el 14 de julio. En las escrituras se incluyó una cláusula en la que se prohibía de nuevo la transmisión de esas parcelas a otros empresarios hasta no construido el centro logístico y, de no querer seguir adelante el proyecto, estaría obligada la empresa a transferirle la finca a Proinvitosa. Sólo si esta sociedad pública no quisiera recuperarla, podría entonces ser vendida a otro inversor.

Pues bien, según el Ministerio Público, «Pedro Sánchez se concertó con Pedro José Martínez Ruiz (el mismo de las aulas del colegio San José), y con un fin claramente especulativo, firmaron un contrato privado de venta de uno al otro de la parcela P-1.3, pese a que eran conocedoras de la existencia de la cláusula sobre el derecho de Proinvitosa a recuperar esa parcela a su precio original». Entre ellos pactaron un precio de 3,6 millones de euros, «utilizando la maniobra de que lo que se adquiría eran las participaciones sociales de la mercantil «Los Prados de Caravaca»», si bien ésta tenía como único bien el mencionado terreno industrial.

«El acusado Martínez Andreo, en su condición de concejal hasta mayo del 2007, y como alcalde desde junio, era perfectamente conocedor desde el principio de la maniobra que se estaba llevando a cabo entre «Los Prados de Caravaca» y «UCOM», siendo incluso consultado por Martínez Ruiz sobre la forma de hacer la operación, y ya se había comprometido con éstas (empresas) a que la operación se iba a llevar a cabo». Y ello, añade el fiscal, aunque era consciente de la cláusula existente en favor de Proinvitosa y de que la plusvalía que se iba a generar, y que rondaba los 3 millones de euros, podría haber revertido en favor del Ayuntamiento.

Los dos empresarios se concertaron supuestamente con el presidente del consejo de administración de Proinvitosa, el concejal José Antonio Valverde Reina, y con el gerente de UCOM, José María Bonmatí, para sacar adelante el plan, «llegando a apremiarse todos para formalizar cuanto antes la operación a través de escrituras públicas».