José Císcar, Esteban González Pons y Juan Cotino, ayer por la mañana en Xàbia. / Tino Calvo
3.500 millones de euros. Esa es la cifra que el Gobierno valenciano asegura necesitar para acabar el año. Y es también la cantidad que los consellers de Economía, Máximo Buch, y Hacienda, José Manuel Vela, plantearán al ministro de Hacienda cuando sean convocados para abordar las condiciones del plan de rescate del Gobierno. El Ejecutivo valenciano asegura no estar preocupado por el volumen de su necesidad financiera, provocada en su parte principal por los cuantiosos vencimientos de deuda de este segundo semestre del año.
Buch y Vela no tienen todavía fecha para viajar a Madrid a negociar la tramitación del nuevo fondo y cuya solicitud, anunciada el pasado viernes, ha disparado las especulaciones respecto a si suponía o no un rescate –el Consell ya lo negó el mismo viernes–. Pero sí que han hecho los deberes para cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o su número dos, Antonio Beteta, les convoquen para abordar este tema.
Pese a que el titular de Economía del Gobierno valenciano recordó el sábado que a la Comunitat le corresponde aproximadamente el 10% de los 18.000 millones de ese Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) –«un poco más si no acuden todas las autonomías a solicitarlo», dijo–, las fuentes del Ejecutivo valenciano consultadas por este diario aseguraron ayer que el Consell pretende solicitar alrededor de 3.500 millones de euros.
¿Se puede pedir una inyección financiera tan elevada? El Consell sostiene que sí, aunque admite que si la mayoría de comunidades acude al fondo de rescate, será imposible que con esos 18.000 millones puedan cubrirse todas las necesidades, «salvo que termine ampliándose». Al Gobierno de Alberto Fabra tampoco le preocupa el hecho de que, además de haber sido la primera región en solicitar adherirse al FLA (con las críticas que ha recibido por ello), la cantidad solicitada sea tan alta. Así ocurrió con el plan de pago a proveedores, en el que la Comunitat terminó solicitando 4.000 millones de euros.
Los 3.500 millones que necesita la Comunitat se dirigirán, sobre todo, a hacer frente a los vencimientos de deuda que el Gobierno valenciano debe afrontar antes de que finalice 2012. Los informes publicados sobre esta cuestión –el último es de Standard & Poor’s– cifran en 2.800 millones los vencimientos pendientes hasta el próximo mes de diciembre. A esa cifra, explica el Consell, hay que sumar una cantidad situada entre los 700 y los 800 millones de euros para atender los pagos pendientes a proveedores (que no pudieron incluirse en el plan aprobado por el Gobierno a tal efecto –válido sólo para gastos de 2011–). Es decir, subvenciones a ayuntamientos, deuda con farmacias y convenios, entre otros. El Gobierno que preside Alberto Fabra sigue negando, en público y en privado, que esos fondos puedan ir dirigidos a atender el pago de las nóminas.
¿Y las condiciones? El Ejecutivo valenciano sigue sosteniendo al respecto que el único condicionamiento conocido es el cumplimiento del 1,5% de déficit al acabar el año, y la remisión de información mensual al ministerio respecto a la evolución de la ejecución presupuestaria. «La reunión con Hacienda servirá para conocer las condiciones financieras del nuevo fondo, porque si nos dicen que el tipo de interés es el 7%, quizá no nos interese. Y si hay otro tipo de condiciones, tomaremos las decisiones que correspondan», señaló una fuente, que vino a deslizar que el anuncio del ministro Montoro de la dureza de las condiciones para acceder a estas ayudas podrían ser un mensaje más dirigido a Bruselas que a las propias autonomías.
