El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreriro, en el Pleno de hoy. | J.M. Rodríguez/AGM. Vídeo: laverdad.es
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha rechazado esta mañana la petición de los tres grupos de la oposición (PSOE, IU y MC) de enviar a la Fiscalía Anticorrupcion el expediente administrativo del Barrio Universitario, para que investigue presuntas irregularidades por parte de socios de la empresa Residencial Puerta Nueva (adjudicataria de las obras), y de políticos y funcionarios municipales.
El Gobierno municipal ha echado mano de su mayoría absoluta para oponerse a la propuesta de la oposición, que fundamentaba su iniciativa en la necesidad de colaborar con la Justicia y dar máxima transparencia frente a los ciudadanos, de manera que no sea necesario esperar a que el Ministerio Público sea el que reclame los papeles.
La oposición considera que abrir la vía penal, para esclarecer presuntos delitos relacionados con el desvío de fondos en la empresa vinculada al exalcalde socialista, José Antonio Alonso, y el impago de plusvalías por la venta de casas al Ayuntamiento, no bloquea el posible cobro de los 3,5 millones de euros, ni la demanda interpuesta por el Ayuntamiento en un juzgado para exigir a Puerta Nueva 3,5 millones de deuda. Sin embargo, el PP se basa en un informe de la asesoría jurídica municipal según el cual llevar la documentación a la vía penal implica un riesgo de paralizar la vía civil y por tanto, no se cumpliría el principal objetivo, cobrar el dinero.
El grupo mayoritario no solo ha descartado la iniciativa de PSOE e IU sino que ha sacado adelante una propuesta alternativa según la cual el Pleno respalda la demanda interpuesta por Casco Antiguo frente a Puerta Nueva para cobrar la deuda, y muestra el compromiso del Ayuntamiento de colaborar con todas las instancias judiciales que lo soliciten. Este texto alternativo ha hallado el respaldo de socialistas, IU y ha tenido la abstención de MC. Los dos primeros grupos han respaldado al PP porque consideran que el Ayuntamiento debe colaborar con la Justicia pero han hecho constar que es una fórmula innecesaria puesto que no colaborar con la Justicia sería ilegal y que es una estrategia de los populares para desviar la atención sobre su falta de transparencia.
El portavoz del Gobierno, Francisco Espejo, ha insistido en la acusación de que la oposición ha solicitado un Pleno extraordinario hoy para seguir con su «circo», que consistiría en buscar el «acoso y derribo del Gobierno local y la Alcaldesa, Pilar Barreiro», puesto que ya se discutió en otro Pleno sobre Puerta Nueva y además la Fiscalía ya investiga el asunto por petición de IU. Tanto la portavoz del PSOE, Caridad Rives, como los de IU y MC, Cayetano Jaime Moltó, y José López, respectivamente, han defendido que es su obligación controlar la accion del gobierno y velar por los intereses municipales y han vinculado su petición de que la Fiscalía investigue con la negativa del PP de aclarar responsabilidades políticas y de funcionarios en una comisión de investigación propia.
Las cuestiones que la oposición ha vuelto a pedir que se aclaren son: ¿qué hizo la alcaldesa, en su calidad de consejera delegada de Puerta Nueva, en representación municipal, ante la decisión de varios socios de vaciar presuntamente la compañía con 5,5 millones de autopréstamos?; ¿por qué no entregó documentos sobre su gestión de contro de la empresa?; ¿por qué durante cuatro años (entre 2007-2010) Casco Antiguo no reclamó el pago de la deuda; y ¿por qué no se informó al Consejo de Casco Antiguo de que Hacienda había pedido facturas del Barrio Universitario y de que un día después de esa solicitud, Casco Antiguo reactivo el expediente?
Tras el Pleno en declaraciones a los periodistas Francisco Espejo ha insistido en que el papel de l alcaldesa en Puerta Nueva era «institucional», y por lo tanto, desconocía las presuntas irregularidades que el propio Ayuntamiento ha puesto ahora en conocimiento de un juez. Según Espejo la gestión política en el Barrio Universitario ha sido aclarada ya, y está sometida a la «confianza» de los cartageneros. En su opinion, los ciudadanos apoyan al Gobierno y creen que el Ayuntamiento ha actuado de manera correcta ante el «único problema» que existe: que una empresa debe dinero y el propio Ayuntamiento le ha llevado a los tribunales para que pague,
La Policía LocaL ha desalojado, casi al término del Pleno, por orden de la Alcaldesa a seis miembros de la plataforma Asamblea-15M por exhibir pancartas donde se podía leer «Políticos corruptos fuera». A las puertas del Palacio Consistorial han exhibido una pancarta donde se podía leer «Políticos corruptos a la calle».
