La nueva Asociación de Bebés Robados de Murcia denuncia 40 casos en esta región

La recién creada Asociación de Bebés Robados de la Región de Murcia hará hoy pruebas de ADN a quienes crean estar afectados por este problema después de denunciar en rueda de prensa que en esta comunidad hay unos 40 posibles casos, 8 de ellos denunciados ante los tribunales y 4 en trámite de hacerlo.

Enrique Vila, abogado de la asociación que asesora a quienes crean ser niños robados o progenitores que sospechen que sus hijos biológicos lo han sido, se ha mostrado partidario de que sea la Audiencia Nacional quien lo investigue si se demuestra la existencia de una trama organizada de compraventa de bebés en España.

Según sus palabras, generalmente, y sobre todo en las décadas de los años 60 y 70, los niños robados en una provincia eran llevados a otra, y en el caso de quienes han denunciado en Murcia, proceden de Madrid y Barcelona, y en otras partes de España el traslado ha sido de Madrid a Valencia, de Melilla o Canarias al País Vasco o de Zaragoza a Barcelona.

Junto a Antonio Barroso, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Vila presentó en enero de 2011 ante la Fiscalía General del Estado 261 denuncias de presuntos casos de bebés robados.

"Si hubieran sido mafias locales -ha asegurado hoy-, los niños se hubieran quedado en su región de origen, pero todo apunta a que podría tratarse de una red criminal nacional de trata de seres humanos con la que mucha gente se ha enriquecido".

Si esto fuera así, ha añadido, además de denuncias por delitos individuales de detención ilegal, podría también apelarse como posible crimen contra la humanidad al Tribunal Penal Internacional o al de Derechos Humanos de Estrasburgo, que podrían a su vez ordenar la reapertura de los casos archivados.

La asociación opina que hay "demasiados archivos" porque las fiscalías de las comunidades autónomas a las que el Fiscal General del Estado ordenó investigar los casos están "desbordadas", e incluso sospecha que hay "una instrucción no escrita" para que no sean investigados.

Salvado el problema inicial de la prescripción del delito de detención ilegal, a los 15 años, porque la mayoría de los fiscales están empezando a contar ese plazo desde que se interpone la denuncia, ha dicho Vila, está la dificultad de hallar pruebas suficientes y contundentes, dadas las décadas transcurridas desde que supuestamente podrían haberse cometido estos delitos, lo que lleva en muchos casos al archivo judicial por falta de evidencias.

También se archivan, ha añadido, cuando muere el ginecólogo que pudo atender el parto, pero la asociación es partidaria de que la investigación se extienda también a los responsables de las clínicas en las que los bebés pudieron ser robados, al personal médico que pudo haber ayudado en los nacimientos y a las instituciones religiosas que pudieron haber colaborado en el tráfico de niños.

A este respecto, y por las denuncias recibidas, la asociación murciana sospecha que en la Región pudieron estar implicados en Murcia capital el orfanato de Santa Teresa, el colegio La Milagrosa, los antiguos hospital provincial (hoy Reina Sofía) y Arrixaca vieja (hoy Morales Meseguer), la clínica La Vega y el hospital Virgen de la Arrixaca, y en Cartagena, el del Rosell y el Perpetuo Socorro.

Según sus datos, en toda España, existen unas 2.000 denuncias, y solo en una de las 15 exhumaciones ordenadas por la justicia en el país se han hallado huesos humanos, pues las otras 14 sepulturas estaban vacías.

Desde los 50, hay en el Registro Civil dos millones de expósitos.

Por su parte, Jaume Boj, gerente del laboratorio de genética y toxicología forense Neodiagnóstica, que esta tarde realizará pruebas de ADN por 80 euros cada una, ha indicado que la empresa tiene la segunda mayor base de perfiles genéticos de posibles niños robados de España, con unos 800 de este país, Venezuela, Colombia, Argentina y Francia.