El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (Sterm)-La Intersindical ha advertido hoy de que la ampliación a 37,5 horas de la jornada laboral a los empleados de la administración autonómica acarrearía la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo.
En una rueda de prensa celebrada en la calle ante la sede del Ejecutivo regional, cuyo Consejo de Gobierno se reunía hoy, el portavoz de Sterm, Toni Carrasco, convencido de que esta mañana se aprobaría esa ampliación horaria, lo que finalmente no ha ocurrido, ha señalado que de esos 3.000 empleos, 1.660 son de profesionales sanitarios y 1.500 de profesores.
Según sus previsiones, si se toma esa medida, los gestores de la administración pública autonómica dejarán también de contratar plazas vacantes y sustituciones.
Solo en la consejería de Educación, Formación y Empleo, ponen como ejemplo, hay más de 200 puestos sin cubrir, entre limpiadores, ordenanzas, personal de cocina, educadores de escuelas infantiles y auxiliares administrativos.
Sterm-La Intersindical ha denunciado que desde 2006 no hay oferta de empleo público, y con la suspensión de su convocatoria por la crisis se llega a una tasa media de trabajadores con contrato temporal del 35 por ciento.
Este es el porcentaje que se da en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), aunque en el Servicio Regional de Empleo y Formación llega al 60 por ciento.
Si se aplica la jornada laboral de 37,5 horas, en los centros dependientes del IMAS se reduciría un puesto de trabajo de turno por cada 15 empleos, lo que impediría la contratación de cien personas.
En el ámbito sanitario, este sindicato teme que con una jornada de 37,5 horas el aumento de la carga de trabajo y la alta edad media del personal dé lugar a un incremento del número de bajas laborales por problemas psicofísicos.
Ante el nuevo recorte de unos 500 millones de los presupuestos de la Comunidad de Murcia para 2012 anunciado por el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, el pasado lunes, Sterm considera que "la responsabilidad única de la situación y de que tengamos que pagar más de 600 millones de euros solo pagar deuda es de quien ha gestionado en los últimos 15 años el Gobierno de Murcia".
Por último, ha hecho un llamamiento a retomar la unidad sindical para convocar movilizaciones de protesta que dejen constancia de su oposición al recorte de derechos para salir de la crisis y hacer ver que para ello "hay otro camino que no conlleva la pérdida de derechos y el deterioro de los servicios públicos".