La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, prohibió la venta durante el pasado año de un total de 2.563.336 unidades de productos textiles, industriales y lácteos, además de juguetes, por no cumplir la normativa europea de seguridad y salud y suponer un riesgo para el consumidor.
Además de estas prohibiciones, la Dirección General de Consumo inmovilizó 394.135 unidades de productos, principalmente juguetes, seguidos de los relacionados con el cuero, la piel y los electrodomésticos.
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, explicó que “estos datos demuestran que los sistemas de control de los productos que llegan a los mercados de la Región de Murcia funcionan con total corrección, y siempre en conexión con los organismos competentes a nivel nacional y europeo”.
Este sistema es conocido como Red de Alertas, que ofrece un constante intercambio de información actualizada e instantánea. Esta Red cuenta con puntos de contacto en todos los estados miembros de la Unión de Europea, coordinados por la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Salud y Protección a los Consumidores (SANCO), y a nivel nacional por el Instituto Nacional del Consumo (INC).
Además, en el ámbito nacional existen puntos de contacto en todas las comunidades autónomas, a quienes el INC transmite las alertas y éstas, a su vez, a dicho instituto. Mediante este sistema de comunicación, se produce una interconexión entre todas las autoridades competentes en materia de consumo: Comisión Europea, ámbito nacional, autonómico y local.
El consejero José Ballesta explicó que “esta Red de Alerta se pone en marcha cuando un estado miembro decide adoptar medidas, a fin de impedir restringir o acompañar de condiciones específicas la comercialización o la utilización de un producto debido al riesgo que presenta”. A través de este sistema también se notifican productos que por su apariencia engañosa puedan confundirse con productos alimenticios y, por ello, puedan generar un riesgo al consumidor.
Por último, el consejero afirmó que el objetivo principal es “facilitar información a los consumidores, a sus asociaciones y a los sectores responsables de los productos y servicios que se ofrecen sobre las actividades de control del mercado realizadas por las distintas administraciones de consumo, con el fin de lograr la máxima transparencia y garantizar uno de los derechos sustanciales de los consumidores, que es el derecho a la salud y la seguridad”.
