La historia
Menos de tres meses ha durado el paso por la política de la directora general de Tributos, María José Portillo. Después de que 'La Verdad' le hiciera ver el jueves pasado que ha incumplido el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los altos cargos de la Comunidad Autónoma, la directora general presentó ayer al consejero Salvador Marín su dimisión a través de un correo electrónico en el que advierte de que su cese es «irreversible», y se muestra desengañada de su efímera andadura por la vida pública.
María José Portillo vulneró el Estatuto Regional de la Actividad Política al realizar trabajos de asesoramiento -y cobrar por ellos- para GTT, una empresa directamente vinculada a la Administración, que además se dedica a la gestión y la recaudación de impuestos: la parcela de la que María José Portillo era responsable en el Gobierno autónomo, y también la especialidad a la que, antes de saltar a la política, ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional como profesora e investigadora de la Universidad de Murcia (UMU).
Portillo ha cobrado de GTT (Gestión Tributaria Territorial, s.a.) dos facturas por importe de 10.500 euros después de que el 18 de julio de este año tomara posesión como directora general de Tributos, llamada por Salvador Marín. El consejero conocía su reputación académica en el campo de las haciendas locales cuando decidió ponerla al frente de la Dirección General de Tributos para que le ayudara a afrontar la etapa más difícil de la historia autonómica, con las arcas de Hacienda vacías y una deuda ingente contraída con miles de acreedores.
De esos 10.500 euros, 6.000 corresponden a trabajos de asesoramiento a GTT contratados y supuestamente entregados por María José Portillo antes de su incorporación a la Comunidad Autónoma, por lo que nada le impedía cobrar por ellos. El hecho de que el dinero llegara a su cuenta a finales de julio, después de haber tomado posesión de su cargo público, era, por tanto, una casualidad inevitable, que no parece atentar contra el régimen de incompatibilidades.
Sin embargo, no interrumpió su relación contractual con GTT cuando el 18 de julio llegó a la Consejería; al contrario, el día 21 envió a la empresa un nuevo contrato, con la factura correspondiente, y un día después (22 de julio) entregó los tres informes acordados, por los que GTT terminó abonándole -en la última semana del mes- 4.500 euros en su cuenta de la Universidad. Aunque Portillo asegura que este contrato fue firmado con anterioridad a su toma de posesión (el 29 de junio), esos movimientos posteriores a la fecha de su nombramiento (envío de contrato a GTT, remisión de la factura y percepción del dinero) la metieron de lleno en el régimen de incompatibilidades que impone el Estatuto Regional de la Actividad Política; en su artículo 10, referido al deber de objetividad y a las incompatibilidades, esta ley (la 5/1994, de 1 de agosto) resulta inquívoca cuando señala lo siguiente en su primer párrafo:
«El ejercicio de un alto cargo es incompatible, en particular, con las actividades privadas siguientes:
a) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o ayudas del sector público, cualquiera que sea la configuración de aquéllas». Y el apartado c) del mismo artículo establece como causa de incompatibilidad para un alto cargo «la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos...»
GTT, una de las empresas de recaudación más solventes del sector en España, explota en la actualidad el servicio de recaudación de impuestos para el Ayuntamiento de Murcia, y hasta hace seis meses se encargaba también de la Oficina de Atención al Contribuyente, un servicio de información y de asistencia a los ciudadanos, que depende de la Dirección General de Tributos, el departamento que hasta ayer dirigía María José Portillo.
Tanto la directora general como el subdirector general de GTT, Carlos Rico, han reconocido en conversaciones por separado con 'La Verdad' que GTT abonó a María José Portillo 4.500 euros con posterioridad a la toma de posesión de aquélla, como pago de tres informes que la directora general entregó -y esta fecha es la que la llevó a incumplir el Estatuto de la Actividad Política- el 22 de julio, cuando ya llevaba cuatro días en su despacho oficial de la Consejería de Economía y Hacienda. Tales informes versan sobre 'el pago de la deuda tributaria en especie en el ámbito de la hacienda local', 'las tasas locales' y, 'potestades en IBI', según la explicación dada a 'La Verdad' por Carlos Rico, el subdirector general de GTT, quien, al igual que María José Portillo, se ha negado a facilitar a este periódico una copia de los documentos -apenas una docena de folios en total- arguyendo una cláusula de confidencialidad.
El sábado pasado, dos días después de su conversación con este periódico, la directora general ordenó a la Universidad de Murcia que anulara la orden de pago en su cuenta bancaria de los 4.500 euros que GTT ya había desembolsado a su nombre. La razón: «Desconocía que pudiera existir la posibilidad de producirse un problema de incompatibilidad con mi nuevo cargo», según relata en su correo electrónico al Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público de la UMU.
A mediodía de ayer, María José Portillo dio el que parece que será su penúltimo paso en la Administración, a falta de que el consejero acepte hoy su renuncia, y comunicó por e-mail su dimisión a quien hace apenas dos meses y medio le había confiado la Dirección General de Tributos. La carta contiene una parte exculpatoria, en la que afirma que desconocía la incompatibilidad de su cargo con el asesoramiento a GTT, y la confesión de su desencantamiento con la política.
