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La Audiencia inhabilita al alcalde de Fortuna por la compra de votos en 2003

REGIÓN DE MURCIA

La Audiencia inhabilita al alcalde de Fortuna por la compra de votos en 2003

La sentencia condena también a cinco años de inhabilitacion y multa a la que entonces era concejala de Empleo, María Dolores Sánchez

12.07.11 - 16:23 -
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Matías Carrillo | Vicente Vicens
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, del PP, a 10 años de inhabilitación y multa por un delito electoral y otro de prevaricación, al considerar probado que participó en la compra de votos a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2003.
La sentencia condena también a cinco años de inhabilitacion y multa a la que entonces era concejala de Empleo, María Dolores Sánchez, y absuelve al tercer acusado, el concejal de Economía, José Antonio López.
Durante el juicio oral, celebrado hace dos semanas en la Audiencia Provincial, el fiscal acusó sólo a la exconcejala por delito electoral, mientras que la acusación particular, ejercida por IU, pidió la condena de los tres por este delito y por el de prevaricación.
El representante del Ministerio Fiscal expuso en su informe que consideraba probada la participacion en los hechos de María Dolores Sanchez, pero no de los otros dos acusados, y negó que se hubiera cometido un delito de prevaricación.
La Audiencia en su sentencia señala que, aunque los testigos exculparon en el juicio al alcalde y atribuyeron toda la responsabilidad de los hechos a la entonces concejala de empleo, en la causa se contiene pruebas e indicios suficientes sobre los que basar la condena al primer edil de Fortuna, que ganó por mayoría absoluta en los comicios municipalees de 2003, de 2007 y 2011.
Este caso tuvo una primera fase en 2004 cuando la entonces única acusada Maria Dolores Sanchez declaró en la vista oral que en la compra de votos había participado tambien el alcalde Matías Carrillo.
Ante estas manifestaciones la Audiencia suspendió entonces el juicio y ordenó al juzgado de Instruccion que abriera una información suplementaria que ha desembocado en la vista oral celebrada ahora contra los tres imputados.
Los testigos manifestaron ante la Sala que la entonces concejala de Empleo les ofreció en 2003 puestos de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de que le entregaran su documentacioon y la de sus familiares para tramitarles el voto por correo.
Además, uno de los testigos dijo que la demanda del voto por correo fue tan elevado que se agotó la documentacion que había en la Oficina de Correos, ya que había sido muy superior a la de comicios anteriores.
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