Reunión de la ponencia sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se celebra hoy en el Congreso sin avances sobre la mantenida hace quince días, en otro intento por pactar una reforma estatutaria, cuya tramitación es la más lenta de cuantas se han llevado a cabo en la Cámara Baja. EFE/Fernando Alvarado
El Estatuto de Castilla-La Mancha mantiene en alto las diferencias entre PP y PSOE, después de que los socialistas hayan presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados un texto que prevé una reserva de agua 4.000 hectómetros cúbicos para esta Comunidad Autónoma; así como su participación efectiva en los órganos permanentes de gestión y control del Trasvase Tajo-Segura mientras subsista. La propuesta socialista no introduce ningún matiz que haga pensar que dicha reserva será inocua. La redacción ha sido aprobada sólo con el apoyo de los nacionalistas catalanes y pasará a Comisión Constitucional, según han informado a La Verdad los diputados Alberto Garre y Arsenio Pacheco. Si se lleva a cabo esa reserva, supondría la eliminación del Trasvase Tajo-Segura.
Los populares se han abstenido en la votación del texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en la reunión de la Ponencia del Estatuto, que al parecer ha contado sólo con el respaldo del representantes de Convergencia i Unió, aunque con matices. Izquierda Unida se ha abstenido y el representante del PNV no ha asistido a la cita parlamentaria. Unión Progreso y Democracia, de Rosa Díez, ha rechazado el texto, según han apuntado a La Verdad.
La referencia a la reserva de 4.000 hectómetros figura en el Preámbulo de la ley. Asimismo, se recoge una disposición transitoria que alude indirectamente a la fecha del 2015 -aunque no la menciona- para adecuar el Trasvase a los nuevos objetivos medioambientales impuestos por la directiva europea de aguas.
Según el texto presentado por el PSOE, al cual ha tenido accedo La Verdad, se pretende condicionar además la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo a las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo, exige que la Junta de Comunidades sea informada previamente de cualquier trasvase, cesión o transferencia a otras cuencas.
