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Un momento de la declaración judicial en una sala del Hotel Alfonso XIII de Cartagena. | Vídeo: CANAL 6
Un momento de la declaración judicial en una sala del Hotel Alfonso XIII de Cartagena. | J. M. RODRÍGUEZ / AGM
«Si usted le pregunta a cualquier persona que haya trabajado en astilleros españoles antes de 2002, comprobará que jamás tuvo unas gafas, una mascarilla ni otra medida de seguridad en la manipulación del amianto. En España, no se prohibió hasta esa fecha pero las compañías de Estados Unidos que lo traían sabían que era un material muy peligroso para la salud. Y no hicieron nada». Así esbozó ayer la abogada Andrea Peiró algunas claves de la demanda de Francisco, un jubilado del astillero de Bazán de Cartagena, contra veintidós fabricantes de amianto a los que achaca su cáncer de pleura.
«En los 70 ya había regulación legal sobre el amianto en Estados Unidos. ¿Por qué entonces las empresas que lo traían no lo retiraron de las tuberías y calderas de los barcos? ¿Por qué no protegieron a los trabajadores para que no inhalaran el polvo de amianto y no padecieran cánceres de pulmón o pleura, o problemas respiratorios graves al cabo de los años?», se preguntó Peiró poco antes de que su cliente diera su testimonio por vídeoconferencia a un juez de Pensilvania.
El hombre, un vecino de Cartagena que supera los 60 años y reparaba buques, persigue una indemnización de en torno a un millón de dólares por el cáncer de pleura (membranas que recubren el pulmón). Durante veintinueve años, de 1970 a 1999, respiró el polvo de un mineral cuyas fibras quedan alojadas como pequeños cristales en el sistema respiratorio. Dan la cara pasados quince, treinta e incluso cincuenta años.
Francisco logró una indemnización de la empresa nacional Bazán (actual Navantia) por enfermedad profesional, pero ahora es el primer español en reclamar dinero a los norteamericanos por un problema que afecta a miles de personas en España, y no sólo de astilleros.
Las fibras de amianto o asbesto se empleaban también en casas o naves industriales (en uralitas) por sus bondades como aislante térmico y su resistencia al fuego.
Un gran secretismo
A pesar de la expectación despertada con la difusión del caso desde el bufete Oria, Peña, Pajares y Asociados, la declaración en una sala del Hotel Alfonso XIII transcurrió no sólo a puerta cerrada sino entre un gran secretismo.
El demandante evitó el acceso al hotel por la puerta principal, y los cuatro funcionarios americanos desplazados hasta Cartagena hicieron lo posible porque no hubiera imágenes de un acto celebrado en España por el delicado estado de salud del damnificado.
Tras varios problemas con las comunicaciones telefónicas y la informática, contestó durante tres horas a preguntas de los abogados de las empresas, una de las cuales ha preferido pactar con él una indemnización de 35.000 dólares.
Salvando las distancias con el sistema judicial español, el proceso está en fase de instrucción. Recopilan datos de cara al cierre del caso con un pacto económico o un juicio en un tribunal especial.
«Todo aquel que haya estado en contacto con el amianto, laboral o ambientalmente, está en peligro de padecer asbestosis o mesotelioma, dos enfermedades que en el mejor de los casos no tienen tratamiento eficaz y en el peor permitirá al paciente vivir una media de siete meses. Si la demanda prospera, se creará un importante precedente jurídico que abriría la puerta a acciones similares de muchos extranjeros», explicó Peiró.
Un precedente internacional
Las compañías americanas habilitaron un fondo de indemnizaciones para sus nacionales, y ampliarlo a extranjeros podría tener una enorme repercusión para sus finanzas. Sólo en Cartagena, los sindicatos calculan que hay unos 140 afectados por amianto y, potencialmente, otros 1.900. Además, expertos han calculado en 1.200 la cifra de personas que pueden caer enfermas hasta el año 2050 por su exposición prolongada al amianto.
La declaración judicial continúa hoy, porque las sesiones pueden durar un máximo de tres horas diarias y al retraso inicial se sumaron ayer otros problemas técnicos. Pidieron cambiar al traductor porque se entró en un lenguaje muy técnico, y una auxiliar judicial solicitó al personal del hotel no cedés, sino disquetes. «Es que usan una especie de taquígrafos», explicaron fuentes del caso.
