cuando hace tres meses el Servicio Murciano de Salud (SMS) anunció la contratación por valor de 185.000 euros para analizar el modelo de gestión privada-pública de la atención sanitaria en los municipios de Águilas y de Mazarrón, las sospechas que albergábamos muchos ciudadanos, quedaron confirmadas. Esa convocatoria pretendía dar cobertura técnica a la decisión expresada previamente por el presidente de la Comunidad Autónoma [Ramón Luis Valcárcel declaró el 9 de julio del 2009, en referencia a los hospitales de Mazarrón-Águilas, que:... «para el funcionamiento de esta infraestructura se va a utilizar un nuevo modelo de gestión totalmente privada -igual que el de los hospitales de Denia y Torrevieja-, por lo que la titularidad del hospital será pública, pero la gestión quedará en manos de otra empresa»].
Sería faltar a la verdad afirmar que el SMS está privatizado; pero también lo sería afirmar que sus dirigentes apuestan de forma decidida por mejorar y fortalecer el sistema sanitario público. En los últimos años se han incrementado de forma espectacular las concertaciones con el sector privado de pruebas y de intervenciones quirúrgicas, las consultas de los centros de salud siguen con inmensas cargas burocráticas, los médicos de familia están altamente desmotivados y los tiempos medio de consulta, en vez de alargarse e ir aproximándose al objetivo de «10 minutos por paciente», se han acortado en los últimos cuatro años.
Este primer paso: entregar miles de euros a consultoras para estudiar el mejor modelo posible de gestión, fue el mismo dado por el Partido Popular en Madrid y en Valencia para iniciar, poco tiempo después, la construcción de hospitales gestionados por sociedades privadas con ánimo de lucro. Por supuesto, en estos hospitales no se cobra a los pacientes por los servicios que reciben, pero si le pagan todos los usuarios a través del presupuesto público. De la cantidad que se le asigna por prestar la atención en una zona, el posible «ahorro» se convierte en beneficios en la cuenta de la empresa.
El análisis de numerosas experiencias previas es abrumadora, y ofrece resultados rotundos. Son hechos contrastables, evidencias y no opiniones, que los centros en manos de empresas privadas, en relación con los que cuentan con una gestión pública, generan desigualdades y desarrollan una selección inversa de riesgos (rechazan y derivan a otros centros a pacientes complejos o a los más graves). A la vez disponen de menos recursos (menor número de camas) y de menos personal , que trabaja en peores condiciones. Se solicitan más pruebas complementarias (radiografías, analíticas) y generan muchos más gastos administrativos. Y, al contrario de lo que se podría pensar, resultan mucho más caros al erario público.
En menos de doce meses la Consejería de Sanidad y Consumo ha inaugurado el Hospital Materno Infantil de la Arrixaca, construido por la empresa pública Giscarmsa; ha reconvertido el Hospital Fundación de Cieza en un Hospital del SMS, disolviendo su patronato; y ahora ofrece un contrato para estudiar un modelo de gestión público-privada. Todos estos vaivenes, estos movimientos pendulares, denotan una preocupante falta de rumbo y de planificación .
Ante este panorama, decimos no a la posibilidad de modelos de gestión privada. La empresa pública sanitaria redistribuye la riqueza y también la genera; a la vez que reduce desigualdades. Hay un camino, al que nos apuntamos, todavía con mucho recorrido para mejorar la gestión pública. Se trata de reducir costes innecesarios, de evaluar con criterios científicos la tecnología que se adquiere en los hospitales, de analizar las inversiones desde una óptica de rentabilidad, de racionalizar el gasto en farmacia, de hacer participar al paciente y a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones.
Este debate sobre la gestión privada-pública, esta llamada a la movilización de la sociedad murciana, trata de ser preventiva, profiláctica. El objetivo es mostrar que hay un conjunto de ciudadanos dispuestos a defender con la fuerza de la razón nuestro sistema sanitario público y a evitar que se den pasos que puedan ser irreversibles y que coloquen, a medio plazo, nuestro sistema sanitario en una posición insostenible.
