El sistema sanitario español se ha consolidado como uno de los más desarrollados del mundo. Nuestro sistema se basa en los principios de universalidad, gratuidad, equidad y accesibilidad. En consecuencia, la práctica totalidad de la población tiene cobertura sanitaria pública, financiada con impuestos de todos los españoles. El acceso a la sanidad pública como un derecho universal y basado en la equidad, hace de nuestro Sistema Nacional de Salud uno de los más completos.
Además, el sistema cuenta con su principal activo: los profesionales, que en España reciben una formación de calidad en todos los campos de ciencias de la salud, lo que les hace acreedores de los mayores elogios por los distintos Servicios de Salud Europeos, y por qué no decirlo, deseos de que formen parte de sus plantillas. Ha sido incuestionable la decidida voluntad política para potenciar el sistema sanitario público en España, antes con el Insalud, y después de las transferencias sanitarias con todos los gobiernos de distinto signo tanto de la Administración del Estado como en las comunidades autónomas.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud tiene importantes retos comunes a todas las comunidades autónomas: Las listas de espera, la mejora de la calidad asistencial, la búsqueda de la eficiencia en la gestión de los recursos y la sostenibilidad del Sistema Sanitario. Sostenibilidad que debe estar garantizada, máxime en los momentos actuales de fuerte desequilibrio financiero y cuando se ha perdido la oportunidad de acordar un buen modelo en el nuevo sistema de financiación, que en el caso de la Región de Murcia, ha obviado los incrementos de población. Estos retos, que se abordan por separado en todas las regiones, están centrando los esfuerzos en materia de gestión sanitaria, y es por esto que todas las comunidades autónomas buscan nuevos modelos para lograr mejores resultados, sin que todo ello suponga variar el modelo sanitario público. No hay que confundir sanidad pública con gestión de la sanidad pública a través de los instrumentos que la ley establece.
Y con esta afirmación no estoy añadiendo nada novedoso. la Ley 15/1997 de 15 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada con el consenso mayoritario de los partidos políticos que conformaban las Cortes Generales, garantiza y preserva en todo caso la condición de servicio público al que se realiza dentro del Sistema Nacional de Salud, ya sea prestado de forma directa o indirecta, o mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.
No debemos descartar a priori ninguna forma de gestión, tienen amparo legal y pueden ser un instrumento eficaz, que mejore nuestro sistema sanitario, y entiendo que ese es el sentido que podemos encontrar en las palabras de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, cuando respondió a una pregunta sobre este tema en una reciente visita a Murcia: «La concesión Administrativa no significa que esos hospitales no estén dentro del sistema publico, sino que son concertados. Forman parte del sistema público. Es un modelo que estamos introduciendo, y lo prudente es esperar para realizar una evaluación». Como dijo la ministra, son nuevas fórmulas, que se ponen en marcha después de concienzudos estudios, y con el único objetivo de mejorar la calidad a la vez que reducir el gasto.
Se ha generado un debate en el que se acusa erróneamente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de querer privatizar la Sanidad. Parece que se trata de confundir y politizar una cuestión en la que todas las comunidades autónomas, sin importar el signo político, están trabajando desde hace tiempo.
La apuesta por la sanidad pública es decidida, y lo digo claramente, no debemos confundir a los ciudadanos. Si ponemos en funcionamiento una nueva forma de gestión amparada en la ley, afirmar que estamos privatizando la sanidad pública, no es verdad, entre otros aspectos, porque sería ilegal cambiar el modelo actual.
Es nuestra responsabilidad aplicar las medidas más adecuadas que hagan sostenible nuestro sistema sanitario. Las nuevas formas de gestión serán evaluadas constantemente y deberán cumplir objetivos en cortos espacios de tiempo, como mejorar la calidad, disminuir las listas de espera y hacer eficiente el gasto sanitario.
Se trata de avanzar en el funcionamiento de la sanidad pública, no de privatizarla. Una vez que superemos este falso debate, será esencial que la Administración cuente con la colaboración de todas las instituciones y agentes sociales para acometer estas mejoras, que beneficiarán tanto a pacientes como a profesionales.
