El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá , destacó ayer que es urgente dar una solución al «desgobierno hidráulico» y que «quien ha creado el problema del Tajo-Segura es quien lo tiene que resolver», por lo que «el presidente Zapatero debe poner orden en este desconcierto de reformas estatutarias que la sociedad no ha pedido ni necesitaba».
Cerdá, en declaraciones realizadas en Punto Radio, resaltó que «la sociedad murciana está unida en la defensa del Trasvase Tajo-Segura porque es vital para nuestra Región», e incidió en que el desgobierno hidráulico actual se plantea porque «Rodríguez Zapatero destruyó la planificación hidráulica contemplada en el Plan Hidrológico Nacional derogando el trasvase del Ebro».
«El Gobierno de Castilla-La Mancha pensó que si se derogaba un trasvase en la desembocadura de un río por qué no intentar derogar otro que estaba en la cabecera» y por tanto, añadió, «aquellos polvos trajeron estos lodos», añadió.
En referencia al estatuto de Castilla-La Mancha, Cerdá señaló que «es absurdo pretender ponerle fecha de caducidad a una infraestructura que está creando riqueza no solamente para Murcia, sino para toda España». En este sentido, apuntó que «el 20% de las frutas y hortalizas que exporta España proceden de Murcia» y que «nuestra agricultura es competitiva, de mercado y generadora de empleo».
Respecto a la reserva estratégica que se pretende incluir en el Estatuto de Autonomía, señaló que «va contra la ley porque una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que las reservas tienen que estar definidas para unos objetivos concretos y un tiempo determinado, requisitos que no se cumplen en el Estatuto de Castilla-La Mancha».
Según fuentes del Ejecutivo regional, Cerdá destacó que «la economía española no se puede permitir el lujo de prescindir del sector agrícola, que soporta la crisis absorbiendo mano de obra de otros sectores y que además crea riqueza, atrae divisas y ayuda a compensar el déficit de la balanza comercial».
Pons: «Buscamos consenso»
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons , respecto al Estatuto de Castilla-La Mancha, confirmó que todavía no existe una redacción definitiva del texto pero se mostró partidario de encontrar un «clima» en el que se alcance un acuerdo que satisfaga a todas las partes, y que «debería reconocer la libre circulación del agua por España y el derecho de todas las comunidades a tener un desarrollo en el futuro».
En una entrevista a Europa Press, González Pons defendió que el «problema» surgió con la derogación del Plan Hidrológico Nacional, con lo que el agua se ha convertido «en un campo de batalla innecesariamente. Los ríos no deberían ser motivo de enfrentamiento entre los españoles porque, tal y como preveía el Plan Hidrológico, el agua debe ser de los españoles», reflexionó.
Sin embargo, no se pronunció sobre la posibilidad de que el texto incluya una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos y subrayó que él está a favor de un texto que dé satisfacción «a todas las partes implicadas», ya que rechazó hacer valoraciones sobre «fuegos artificiales».
Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de Valencia, Maritina Hernández, aseguró ayer que la «desaparición» del trasvase Tajo-Segura «pondría en peligro más del 65% de la producción agrícola de la provincia de Alicante».