Derechos compatibles

El desarrollo del acceso a Internet debe ir acompañado por una fuerte apuesta para impulsar una oferta de contenidos digitales avanzada y de calidad

El anteproyecto de ley de economía sostenible, aún siendo tan sólo un borrador, ha despertado un gran debate en torno a los derechos en Internet y los de propiedad intelectual. Siempre son positivas las movilizaciones sociales que son altavoz de la opinión de una parte de la ciudadanía; se ha demostrado una vez más que la Red facilita la participación ciudadana y la salud democrática.

El texto presentado es un borrador al que le queda un largo camino lleno de debate, nos encontramos en el momento de escuchar y enriquecerlo y consensuar posturas ante una situación compleja.

Partimos de una base de encuentro que es la certeza de que en nuestro país no se cerrará ninguna web sin autoridad judicial, como hemos reiterado desde el PSOE desde hace tiempo y, como el otro día, ratificaron nuestro presidente del Gobierno, Jose Luis Rodriguez Zapatero, el ministro de Justicia y también el de Fomento, entre otros. Y, por supuesto, y a diferencia de otros países que también están abordando esta cuestión en sus legislaciones, en ningún caso se pretende criminalizar a los usuarios de Internet.

La apuesta es por modelos que aporten una oferta «legal, segura y de calidad», como no podía ser de otro modo; hace ya meses que se crea una comisión interministerial para actuar más contundentemente frente a los que explotan los derechos ajenos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual de forma masiva en Internet. Derechos que existen en nuestro país y, por lo tanto, derechos que el Gobierno debe garantizar.

Desde que Zapatero es presidente del Gobierno hay un antes y un después en materia de sociedad de la información. Por todos es conocido el Plan Avanza y la inversión histórica en la materia, la implantación de la Televisión Digital Terrestre o los derechos adquiridos por la ciudadanía con la Ley de Impulso de Sociedad de la Información y la Ley de acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; también la recién aprobada Carta de los Derechos de los usuarios de las Telecomunicaciones. Pero las oportunidades de la ciudadanía se van a seguir ampliando aún más tras el anuncio del ministro Sebastián de que la banda ancha se incorporará al servicio universal a partir de 2011 con una velocidad mínima de 1Mbps. Es este gobierno el que está garantizando el acceso efectivo a la Red como un derecho más de la ciudadanía.

Sin duda, este desarrollo del acceso a la Red debe ir acompañado por un estímulo y una fuerte apuesta para impulsar una oferta de contenidos digitales avanzada y de calidad. En este sentido, la industria de los contenidos debe seguir apostando y esforzándose por ofrecer modelos más asequibles y de fácil uso. Tenemos la oportunidad de generar una industria en torno a la oferta de contenidos digitales en este país que no esté formada por modelos de mala calidad o con poco valor añadido. Mucha gente con la que he compartido opiniones sobre este tema me trasladan que si tuvieran una oferta más asequible y de calidad, se beneficiarían de la misma, valorando muy positivamente modelos de negocio desarrollados por Herzio, yes.fm, Spotify, Filmotech, iTunes... Modelos que seguro deben coexistir con otros más clásicos del mundo analógico.

Vaya por delante que creo que en la Red no todo vale, como en la vida, y de eso tenemos que ser conscientes, la ciudadanía debe responsabilizarse con unas normas básicas de convivencia también en lo virtual. Estoy convencida de que la mayoría estamos de acuerdo en que lo importante es defender tanto los derechos de la propiedad intelectual como los de la ciudadanía en Internet; ambos compatibles.

En el Congreso de los Diputados, a propuesta del PSOE e IU, está trabajando la Subcomisión de Propiedad Intelectual precisamente para debatir los aspectos de la Ley de Propiedad Intelectual que deben ser mejorados o revisados. Luego el debate está abierto, ni mucho menos cerrado.

Si la redacción del borrador del anteproyecto de la Ley ha generado inquietud, durante el trámite trabajaremos para que quede bien claro el modelo que se propone, que es el de la garantía de todos los derechos, que son perfectamente compatibles. Ese es el modelo más sensato y equilibrado. Mientras tanto el debate está abierto a las aportaciones constructivas para dar respuesta a un problema complejo desde la «escucha activa» que se está demostrando practicar.