La crisis ha disparado un 300% las reclamaciones por impago de pensión

La crisis ha disparado las solicitudes de revisión de la pensión que muchos padres pasan a su pareja para el sustento de sus hijos. Marcos de Alba, magistrado del Juzgado de Familia número 1 de Murcia, advierte de que cada vez más progenitores se declaran insolventes. Paralelamente, las reclamaciones por impago han aumentado un 300%.

El desempleo de muchos divorciados ha llevado a los juzgados a adaptar sus sentencias a esta nueva realidad. «El criterio habitual era considerar que el paro no justificaba la reducción de la pensión, por considerarse jurisprudencialmente un mero hecho coyuntural. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación del empleo en España, en las últimas resoluciones estamos suspendiendo o reduciendo el importe de la pensión», explica Marcos de Alba. Así, muchos divorciados a los que en su día se fijó una pensión para los hijos media o alta, han pedido que se revise porque se encuentran en situación de desempleo y ya no pueden hacer frente a los pagos o alegan que tienen que rebajarlos.

La crisis también se está dejando sentir en el número de divorcios que se registran en la Región, que ha acusado un notable descenso en el último año, especialmente en el tercer trimestre (de julio a septiembre). Así, y según los datos que facilita el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el tercer trimestre del año se iniciaron en los juzgados de familia de la Región 675 procesos de divorcio, un 11% menos que en el mismo periodo del 2008. Esta tendencia se ha registrado durante todo el año, aunque faltan los datos de los últimos meses para cerrar el balance de 2009.

Los problemas económicos obligan a muchas parejas a seguir conviviendo juntos pese a la ruptura de su relación. Muchas de las personas en trámites de divorcio se ven obligadas a compartir bienes para evitar los gastos y consecuencias que se desencadenan por la separación judicial.

Además, cada vez más parejas evitan el procedimiento contencioso, que es especialmente costoso, y optan por un divorcio de mutuo acuerdo para ahorrarse los gastos que supone el proceso. Razones económicas no faltan, ya que si un divorcio de mutuo acuerdo sale por unos mil euros en total de media, un contencioso se puede subir al triple.

La vivienda familiar sigue siendo el principal punto de conflicto, y la situación del mercado inmobiliario no ayuda a encontrar la solución. A las dificultades se suman las trabas que se encuentran quienes deciden vender la vivienda para liquidar los bienes comunes, ya que el mercado está parado, lo que dificulta el acuerdo. El cónyuge que no se queda con la custodia de los hijos, que en la actualidad sigue siendo mayoritariamente el hombre, al menos en la Región, suele perder además el derecho al uso y disfrute de la vivienda, que queda para el progenitor custodio. En esos casos, la situación económica se complica.

Marcos de Alba está convencido de que «debería evitarse en la medida de lo posible el procedimiento matrimonial contencioso, que sólo genera gastos añadidos e insatisfacción personal», aunque en ocasiones «es imposible» eludir el conflicto, «casi siempre por las cuestiones económicas y, curiosamente, por la resistencia de los más pudientes, que son normalmente los que más se oponen a pagar las pensiones» para la manutención de los hijos.

El magistrado considera que el Servicio de Mediación, con el que colabora a raíz del protocolo entre este organismo y los juzgados de familia, es «una respuesta muy acertada a los problemas de comunicación de las parejas en crisis», y está siendo «un complemento profesional muy bueno» para la labor que realizan habitualmente los abogados.

La derivación al servicio de Mediación en los casos de divorcios contenciosos «da la oportunidad a los cónyuges o parejas en crisis con hijos menores a solucionar amistosamente el conflicto» y evitar el contencioso.