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La concentración sin precedentes que cientos de militares protagonizaron ayer ante el Ministerio de Defensa, convocados por AUME, fue en sí misma una muestra de la necesidad que sienten los integrantes de las Fuerzas Armadas de expresar sus aspiraciones y demandas en condiciones análogas al resto de los ciudadanos. La carta de derechos y obligaciones que con rango de ley debería regular el estatuto del militar español está pendiente de promulgación, y mientras no sea aprobada los propios profesionales pueden considerarse forzados a consignar sus reclamaciones ejerciéndolas, a riesgo de que se produzcan anomalías o les sean aplicadas sanciones. A esta carencia se le une, además, el descontento suscitado por el desarrollo de la Ley de la Carrera Militar de noviembre de 2007. La integración de escalas procedentes de los distintos segmentos que componen las Fuerzas Armadas constituye una tarea cuya complejidad dificulta la equidad y la justicia; al tiempo que la estricta objetividad puede resultar un imposible al evaluar los méritos para la promoción. Pero estas dificultades no pueden eximir al Gobierno de su obligación de perfeccionar la Ley de la Carrera Militar vigente hasta minimizar las aristas que presenta a juicio de los propios profesionales.
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