La Fiscalía de la Comunidad Autónoma investiga si el vicealcalde y ex concejal de Urbanismo Agustín Guillén incurrió en un delito de tráfico de influencias en la tramitación de la licencia con la que autorizó la construcción de una vivienda en un paraje protegido de Perín a José Luis Botella, esposo de la coordinadora de Artes Plásticas, Dolores Lolo Galindo.
Guillén, quien era responsable de Urbanismo cuando en septiembre del 2006 Botella comenzó la tramitación de la licencia para una vivienda unifamiliar, reveló anteayer que ha sido imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 por prevaricación administrativa (dictar una resolución injusta sabiendo que lo es).
El edil ha atribuido a un «error administrativo» la concesión de licencia al esposo de la asesora municipal sin el preceptivo informe de la Dirección General del Medio Natural. Se trata de una zona protegida por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, aprobado de forma inicial en marzo del 2006.
No obstante, según ha sabido La Verdad la Fiscalía de fuentes de la investigación estudia también si hay indicios de presunto delito de tráfico de influencias. El propio vicealcalde dijo el jueves en una rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento que el promotor que comunicó las presuntas irregularidades al fiscal relató que se pudo dar un trato de favor al solicitante de la licencia por dos cuestiones.
Una, que José Luis Botella «es el dueño de un restaurante frecuentado por miembros del Gobierno municipal» (en referencia al restaurante El Azafrán)»; y dos, que «es esposo de Doña María Dolores Galindo, un alto cargo del Ayuntamiento».
En opinión del vicealcalde, «el primer argumento convierte en sospechoso a cualquier dueño de restaurante o a cualquier tendero de Cartagena, y el segundo argumento es otra mentira porque María Dolores Galindo no estuvo vinculada con el Ayuntamiento hasta un año después de la concesión de la licencia».
Sin embargo, la denuncia recibida por el Ministerio Público aporta un tercer elemento, al referirse a que «fue criticado en prensa» tanto el nombramiento de Galindo como «las comidas que hacían en su restaurante los dirigentes políticos municipales».
En octubre del 2007, el mismo mes en que Lolo Galindo fue nombrada para su cargo por la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Pilar Barreiro, el Grupo Municipal Socialista criticó ese nombramiento.
Apoyo a la peatonalización
Los socialistas denunciaron que el equipo de gobierno del PP, y en concreto Barreiro, estaban «pagando bien los favores» a la dueña del restaurante Azafrán, Lolo Galindo, por su apoyo al polémico proyecto de peatonalización de la calle del Carmen en su calidad de presidenta de la plataforma Sí la Queremos, creada expresamente para respaldar ese plan.
Con datos del área de Intervención del Ayuntamiento, el PSOE reveló que, desde el 16 de noviembre de 2005, fecha en que Barreiro recibió en su despacho a Galindo para hablar sobre la peatonalización, se había disparado el número y la cuantía de las comidas de trabajo del Ayuntamiento en El Azafrán, situado en la calle La Palma, cerca del nuevo tramo peatonal.
Según los datos difundidos por el PSOE, en sólo 23 meses la corporación hizo el doble de comidas y multiplicó por más de cuatro el importe medio mensual. En cuanto al número de servicios, de 55 comidas 35 corresponden a ese periodo, lo que suponía el 67%. De los 18.003,74 euros pagados en cuatro años, 11.781,10 euros correspondían a este último periodo.
El portavoz del Gobierno municipal, Joaquín Segado, rechazó pronunciarse sobre la investigación a Agustín Guillén por favoritismo, si bien aseguró que «lo único que sabemos en el Ayuntamiento es que la Fiscalía nos pidió una información y que el Juzgado envió una citación para el vicealcalde en calidad de imputado por presunta prevaricación administrativa».
El edil mostró su «convencimiento absoluto de que en ningún caso hay pendientes expedientes urbanísticos que tengan el informe favorable de Medio Natural y no presenten otra complicación».
Según explicó el responsable municipal, los asuntos atascados son los relativos quienes se han saltado la normativa y «han obrado antes de obtener la licencia». Construir sin permiso es algo que no ha hecho el marido de la asesora municipal, recordó el concejal.
«No tardamos poco»
Joaquín Segado señaló que no se agilizó el expediente que ha llegado a los tribunales, porque tras detectar el error el Ayuntamiento tardó dos años y medio en conceder la licencia. «No creo que tardar ese tiempo sea precisamente poco tiempo», dijo el actual de Urbanismo.
Explicó que, a pesar del malestar de algunos solicitantes de permisos, «cada expediente lleva sus plazos y suelen tardar bastante». Según afirmó, si algunas licencias constructivas tardan mucho en ser aprobadas para «subsanar cosas».
