«Hay que ir a por ellos. No le vamos a decir a un ciudadano: 'Justifique usted su patrimonio, porque si no le vamos a meter a las mazmorras'. Pero sí le vamos a decir: 'Justifíquelo o asuma que no lo va a poder disfrutar». Con este aviso a navegantes, a defraudadores de Hacienda, defendió ayer el fiscal jefe de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, la necesidad de impulsar un cambio legal que permita una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales. A su juicio, las dificultades de la vía penal para actuar contra las personas cuyos bienes aumentan de forma sospechosa aconsejan recurrir a la incautación de ese patrimonio.
Durante la presentación de la memora de la Fiscalía del año 2008 en la Comisión de Justicia de la Asamblea Regional, en Cartagena, López Bernal fue más allá y aseguró que ésa es la «única salida» para atajar uno de los problemas enquistados en la Región de Murcia. Ante una pregunta del diputado de Izquierda Unida José Antonio Pujante, el fiscal jefe dijo «compartir parte del pesimismo» sobre la persecución judicial del enriquecimiento ilícito.
Manuel López Bernal dijo que, si bien alguien puede poner reparos constitucionales al decomiso de los bienes, la incautación cabría en la ley vista el callejón sin salida con el que se topan ahora los fiscales. El problema es que, en los procedimientos penales, ese enriquecimiento tiene que ser vinculado con otro la presunta comisión de otro delito y eso no es sencillo. «En muchas ocasiones detectas aumentos del patrimonio injustificados, pero ¿dónde los encajas? ¿con qué delito? ¿qué haces?», admitió el máximo responsable del Ministerio Público en Murcia.
Urbanismo y drogas
En todo caso, López Bernal dijo que otro camino para castigar el lavado de dinero negro es la imposición de sanciones económicas por parte de la Agencia Tributaria. Así, aseguró que la colaboración entre la Fiscalía y la Agencia Tributaria ha mejorado tanto que «no la habido nunca» tan buena. Como ejemplo, reveló que ya ha habido dos casos en los que la Fiscalía ha colaborado con Hacienda solicitado la entrada y registro en inmuebles.
Con este tipo de actuaciones, los fiscales pueden lograr «casi el 50% de las pruebas necesarias» para su investigación, y además «eso acelera los procesos de forma muy importante», dijo López Bernal. Tras su comparecencia, éste explicó a La Verdad que no se había referido en concreto a un sector social, como el de los políticos, empresarios, políticos y otros profesionales presuntamente vinculados a tramas de corrupción urbanística, sino que también se hay indicios de enriquecimiento ilícito en personas relacionadas con el tráfico de drogas y otras actividades.
Estafa y apropiación
«Sólo hay que ir por la calle, escuchar lo que comentan los vecinos y fijarse en gente que, de repente, ha aumentado muchísimo su patrimonio sin que se sepa muy bien cómo ni por qué», apuntó a este diario López Bernal.
En su resumen de las principales actividades de la Fiscalía durante el año pasado, el responsable del Ministerio Público habló también de otro tipo de delitos económicos, que vinculó con la crisis.
Así, subrayó que ha habido un «repunte» de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad. También hubo un incremento de los robos con fuerza, sin bien López Bernal consideró que las cifras no son abultadas, sino «lo normal en situaciones de crisis». Incluso afirmó que frente al esperable aumento de la conflicitividad social, en realidad «ha bajado la violencia, curiosamente».
En cuanto al problema del urbanismo ilegal en la Región, éste no parece sólo una cuestión de grandes urbanizaciones levantadas o proyectadas gracias a favores políticos presuntamente ganados con sobornos económicos. El fiscal jefe alertó de que ha detectado «la existencia de empresarios que se dedican a la construcción de viviendas ilegales».
López Bernal explicó a este diario que a la Fiscalía han llegado denuncias de grupos ecologistas sobre la proliferación de edificaciones en zonas protegidas por su alto valor natural, y también otras sobre casas en terrenos no protegidos que carecen de licencia.
Por municipios
López Bernal señaló por segundo año consecutivo que la corrupción urbanística «es evidentemente un problema importante», y señaló que en el 2008 recibió 52 denuncias relacionadas con cargos del Partido Popular y 9 contra cargos del PSOE. Además, investigó 14 casos de municipios gobernados por el PP y de 5 gobernados por el PSOE.
Citó los casos de Torre Pacheco, Totana, Librilla y Los Alcázares, entre otros.
